Ante el aumento de la inseguridad en las carreteras del país, diputados buscan endurecer las sanciones para el robo de transporte para lo cual impulsan una reforma para sancionar hasta con 20 años de prisión a quien cometa el delito de robo de mercancías en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado.
La pena actual es de 6 a 12 años por dicho delito por lo cual esta iniciativa busca elevar la sanción de 10 a 20 años de prisión.
El secretario de la comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Emilio Manzanilla Téllez, planteó cambios al Código Penal Federal para endurecer penas a este delito pues recordó que el robo al autotransporte de carga es uno de los delitos más prevalentes en México, con un aumento sostenido en los últimos años, y las entidades federativas más afectadas han sido el Estado de México, Puebla, Veracruz y Guanajuato, donde la incidencia delictiva representa más de 50 por ciento de los robos a nivel nacional.
Señala que en muchos casos los asaltos no solo implican el robo de mercancías, sino también la agresión física o incluso el homicidio de los trabajadores involucrados.
Las penas actuales para el robo al transporte de carga, apunta, se consideran insuficientes dado el contexto actual de violencia y criminalidad en el país. La falta de consecuencias severas ha ocasionado que este tipo de delitos continúen incrementándose y afecten gravemente tanto a los trabajadores del sector como a la economía en general.
Por ello, consideró urgente y necesario adoptar medidas más estrictas que no solo enfrenten la criminalidad, sino que también actúen como un disuasivo efectivo para prevenir futuros robos.
Recalcó que el aumento en las penas no solo tiene un impacto directo sobre los criminales, sino que también actúa como una herramienta para fortalecer el sistema de justicia en su conjunto.
Al aumentar las penas, añade, se refuerza la protección a las personas, quienes desempeñan una labor esencial para el funcionamiento de la economía nacional.
Esta medida ayudará a generar un entorno laboral más seguro para todos los trabajadores de este sector, mejorará sus condiciones laborales y promoverá la confianza en el sistema.
Asimismo contribuirá a que las autoridades judiciales y de seguridad pública puedan actuar con mayor eficacia al contar con sanciones más severas y disuasivas que favorezcan la detención y procesamiento de los delincuentes.
“Un sistema de justicia que no permita la impunidad es crucial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger las inversiones nacionales y extranjeras en el sector logístico”, indicó