Desplazados por violencia del narco — Organismos internacionales como ACNUR, la Relatoría Especial de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ven una situación grave el desplazamiento de miles de familias en México por causa de la violencia y amagos de grupos criminales, lo que ha provocado que quienes viven esta pesadilla no accedan por completo a programas de alimentación, educación y salud, y además, ven insuficiente la ayuda de los tres niveles del gobierno por la falta de un marco legal federal único, al no existir un registro oficial de desplazados y ni un presupuesto específico para atender este problema.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de más de 130 millones de habitantes en el país, alrededor de 20 millones de personas no cuentan con afiliación ni acceso a servicios de salud, y de esta cifra, al menos 1.6 millones que han sido víctimas de desplazamiento por causa de la violencia, no tienen acceso a los derechos básicos como alimentación, educación y salud.
Grupos defensores de los derechos humanos refieren que ante la falta de un registro oficial único sobre víctimas de desplazamiento, no es posible medir de forma desagregada el nivel exacto de privación de derechos básicos, además de que la atención a este sector no cuenta con una medición efectiva debido a que estas familias no han encontrado un lugar estable para vivir.
La Agencia de la ONU para los Refugiados apunta que la mayoría de las personas que prácticamente fueron expulsados de sus tierras enfrentan varios obstáculos para acceder a servicios de salud, educación y alimentos debido a que en la mayoría de los casos no cuentan con documentos de identidad, temen ser rastreados por grupos criminales que los amenazaron y por la informalidad en la que se encuentran, sin un lugar fijo ni zonas de acogida.
RIESGO
Reportes de organizaciones como Insecurity Insight, con sede en Suiza y que monitorea situaciones de amenazas, violencia y riesgos en zonas con entornos peligrosos, resalta que en estados con presencia de grupos criminales como Chiapas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, los centros de salud se han convertido en zonas de peligro, lo que en muchos casos ha obligado al cierre de clínicas e incluso a que el personal médico abandone estos sitios por amenazas, lo que deja en la vulnerabilidad a la población de la zona.
En la misma línea, organizaciones que vigilan las consecuencias que ha dejado la violencia del narco en el país, señalan que desde 2023 a la fecha hay reportes de decenas de eventos de familias que tuvieron que dejar sus hogares por presencia de grupos criminales en regiones de Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero concentran la mayoría de los casos, seguidos de Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz.
FAMILIAS
Para atender esta situación, el Gobierno Federal ha canalizado ayuda a familias desplazadas a través de apoyos de emergencia coordinados por la Secretaría de Gobernación y programas del DIF, además de garantizar acceso a la salud y facilitar la matriculación de niñas, niños y adolescentes para que sigan sus estudios mediante normas de flexibilidad documental de la SEP.
Sin embargo, organismos internacionales y civiles destacan que las respuestas siguen siendo fragmentadas e insuficientes al carecer de una ley federal integral y un registro oficial unificado para atender a este sector.
La Federación reconoció oficialmente la existencia del desplazamiento forzado en el país por causa de la violencia en 2019, año en el que encomendó su medición a la Segob. Fue en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, que el órgano autónomo incluyó por primera vez la opción explícita de “inseguridad delictiva o violencia” como causa de cambio de residencia o desplazamiento.
OBSTÁCULOS
Estudios de organizaciones como la CIDH y ACNUR, que siguen de cerca las situaciones que viven las personas expulsadas de sus comunidades, refieren que en el caso de México son varios los obstáculos que enfrentan las familias expulsadas de sus comunidades, como las fracturas al acceder a la alimentación, a la salud y a tener una nueva residencia sin temor a nuevas amenazas.
De entrada, como señala el órgano de la ONU, las familias al dejar sus hogares pierden sus fuentes estables de ingresos, sus tierras de cultivo, comercios y ganado, lo que los coloca en una vulnerabilidad inminente.
En el caso de la alimentación, subrayan que la comida y el alojamiento son las necesidades más urgentes tras escapar de la violencia y son los factores que en muchos casos es difícil acceder a ellos, ya que las familias se ven obligadas a depender de comedores comunitarios, ayuda humanitaria temporal o a consumir alimentos de muy baja calidad nutricional, lo que aumenta los riesgos de desnutrición severa y enfermedades.
Otra barrera más es la interrupción de la educación, ya que al salir de sus comunidades se trunca el futuro de las infancias y de los jóvenes, ya que con el abandono escolar forzado, miles de niñas, niños y adolescentes ven suspendidos sus estudios indefinidamente.
A esto se suma que al no poder rescatar documentos personales, entre ellos los de grados escolares, se enfrentan a problemas burocráticos para obtener unos nuevos, y es que sin éstos es difícil matricularse en nuevas escuelas.
Otra de las trabas a las que se enfrentan es que al no contar con un servicio de salud estable y quedar en calidad de nómadas en busca de un refugio estable, también sufren secuelas emocionales, en muchos de los casos reflejados en la inestabilidad emocional y comportamiento de los menores de edad.
La Crónica de Hoy 2026