
La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodriguez, dio a conocer durante la conferencia matutina, la puesta en marcha de un proceso de reestructuración de Talleres Gráficos de México (TGM), mediante un decreto que busca fortalecer su capacidad de producción, garantizar la transparencia en sus contrataciones y reforzar la vigilancia sobre la elaboración de documentos oficiales y materiales electorales.
Como parte de los principales cambios, la Junta de Gobierno del organismo pasará de cinco a siete integrantes, con la incorporación de tres consejeros independientes provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey. También se dará a conocer el nombramiento de una nueva persona titular de la Dirección General.
La estrategia del Gobierno federal busca recuperar la participación de Talleres Gráficos en la impresión de documentación electoral, luego de que durante el proceso electoral de 2024, 19 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), equivalente al 59%, recurrieron a proveedores distintos para imprimir sus boletas.
De acuerdo con el proyecto, la primera fase de la reestructuración se desarrollará de noviembre de 2026 a junio de 2027. Durante este periodo, el organismo permanecerá sectorizado a la Secretaría de Gobernación (Segob), pero contará con una nueva estructura de vigilancia y mecanismos adicionales de rendición de cuentas.
La Junta de Gobierno estará presidida por la Secretaría de Gobernación e integrada también por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como los tres consejeros independientes. Además, podrán participar como invitados representantes de instituciones electorales y responsables de auditoría.
Entre las medidas para evitar conflictos de interés se establecerán requisitos para quien ocupe la Dirección General, quien deberá cumplir con la Ley Federal de Entidades Paraestatales y no haber sido representante, socio o empleado de empresas proveedoras de documentación y material electoral durante los cinco años anteriores a su nombramiento.
En materia de transparencia, se contempla la creación de un padrón público de contratistas, en el que se evaluará la capacidad técnica y financiera de las empresas. También se impedirá la contratación de compañías sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
Aunado a ello, se solicitará una auditoría anual voluntaria a la ASF y se establecerán tarifas homologadas para los servicios de impresión destinados al Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales.
Dos etapas para consolidar la Imprenta Nacional
El proyecto contempla una segunda fase, prevista de julio de 2027 a 2030, con la finalidad de transformar a Talleres Gráficos de México en la Imprenta Nacional del Estado mexicano.
Para ello, se plantea formular una Ley de la Imprenta Nacional de México, que establecería un mandato exclusivo para la producción de documentación electoral y de seguridad, además de impulsar modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Esta etapa también incluirá la modernización de la infraestructura de impresión y la creación de un almacén nacional destinado a recuperar, reparar y reutilizar urnas y canceles electorales entre procesos comiciales.