
El Gobierno de México estableció nuevos controles para la adquisición de empresas nacionales por parte de inversionistas extranjeros, particularmente cuando se trate de compañías vinculadas con sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional, como energía, telecomunicaciones, inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad.
Los cambios a la Ley de Inversión Extranjera fueron publicados este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contemplan un procedimiento de revisión a cargo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que podrá autorizar, condicionar o rechazar determinadas operaciones de compra de empresas mexicanas.
De acuerdo con el nuevo artículo 30 Bis, los inversionistas extranjeros deberán obtener una resolución favorable de la Comisión cuando pretendan adquirir, directa o indirectamente, más de 49% del capital social de una empresa mexicana, siempre que el valor de sus activos supere el monto que establezca la propia autoridad y que sus actividades correspondan a alguno de los sectores contemplados en la legislación.
Entre las actividades sujetas a revisión se encuentran las relacionadas con infraestructura física y virtual de energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería y almacenamiento de datos. También se incluyen tecnologías consideradas críticas, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, biotecnología, tecnología cuántica y nuclear, además de productos de doble uso y actividades que involucren información sensible, particularmente datos personales.
La Comisión tendrá un plazo de 45 días hábiles para resolver las solicitudes y determinar si una operación representa algún riesgo para la seguridad nacional. En caso de identificar posibles amenazas, podrá establecer modificaciones al proyecto para mitigarlas o impedir que se concrete la adquisición.
Cuando el valor de los activos de una compañía no supere el umbral establecido, la solicitud será voluntaria, siempre que la participación extranjera que se pretenda adquirir sea superior a 49%.
La reforma también modifica la integración de la CNIE, que ahora contará con la participación de titulares de distintas dependencias federales, entre ellas las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Energía, Economía y Medio Ambiente, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En los asuntos relacionados con seguridad nacional también podrán participar, con voz pero sin voto, los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las empresas que realicen una adquisición sin contar con la autorización correspondiente, o que incumplan las condiciones establecidas por la Comisión, podrán recibir multas de entre 5 mil y 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, la autoridad tendrá facultades para ordenar la desinversión y establecer un plazo de 90 días hábiles para que los inversionistas extranjeros se desprendan de los activos adquiridos.
La CNIE tendrá 180 días naturales para publicar el monto mínimo de activos que determinará qué operaciones deberán someterse obligatoriamente a revisión.