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De concretarse la propuesta para desaparecer los órganos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estaría en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales, ya que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador no ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de estas funciones especializadas, por lo que fusionarla con el Inegi, significaría la pérdida de un modelo de evaluación y monitoreo que se ha construido en 20 años, advierte el Consejo en un posicionamiento sobre su extinción .
A través de un comunicado donde marca su posicionamiento respecto a las reformas que buscan la extinción de entes reguladores como Coneval, éste órgano subraya que el trabajo que se realiza desde hace 19 años con la creación del Consejo, se perdería, como son el diagnóstico sobre el estado del desarrollo social del país, valoraciones rigurosas y confiables sobre los avances y retrocesos en los derechos sociales, mapas de ruta para la mejora de la política social y el bien público de contar con evidencia robusta para el combate a la pobreza y la defensa de los derechos sociales.
Coneval subraya que como parte de su estructura que garantiza un trabajo transparente, la Ley General de Desarrollo Social concibió un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal (APF) con un modelo único de gobernanza, integrado por un cuerpo colegiado de académicos y un Secretario Ejecutivo.
En la misma línea, resalta que no existe ninguna improvisación y todo se lleva a cabo con profesionalismo, donde los investigadores académicos son seleccionados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social y el Secretario Ejecutivo por el Ejecutivo Federal, lo que asegura la independencia técnica y el rigor metodológico del Consejo.
Asimismo, destaca que se cuenta con un modelo único de gobernanza que asegura al mismo tiempo un diálogo y retroalimentación constante con la propia Administración Pública Federal, para que la evaluación sea pertinente, relevante y se pueda mejorar la planeación, ejecución y el desempeño de la política social, y la independencia técnica necesaria para asegurar la calidad y credibilidad de los análisis, las evaluaciones, las métricas y las recomendaciones de mejora que el Consejo ha generado a lo largo de casi dos décadas.
Respecto a su fusión con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el Coneval subrayó que no tiene duplicidad de funciones con el Instituto de Estadística, órgano autónomo que levanta información estadística de gran calidad, pero no realiza análisis ni cuenta con las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para realizar las funciones diferenciadas y especializadas del Consejo.
En este contexto, Coneval advierte que fusionar ambas instituciones significaría la pérdida de un modelo de evaluación y monitoreo que se ha construido en 20 años y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente.
El Consejo resalta que de acuerdo con el marco jurídico vigente, el Coneval no es un órgano constitucional autónomo, es un órgano descentralizado con autonomía técnica trabaja en estrecha colaboración con la APF y paradójicamente, la reforma supondría avanzar en sentido opuesto de sus objetivos expresos, aumentando la desvinculación y la fragmentación de la administración pública, puesto que implica transferir las funciones especializadas del Consejo a un órgano constitucional autónomo como el Inegi.
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