Piden intervención del Senado y CNDH en detención de empresario en Aguascalientes
El senador José Narro, lamentó que este tipo de casos se repitan en el país y aseguró que se buscará que esta acción no quede en la impunidad, por lo cual no descartó la posibilidad de que se recurra a la CIDH.
Familiares y abogados del empresario automotriz del estado de Aguascalientes, Óscar Fernando González Martínez, solicitaron la intervención del Senado de la República para revisar su caso, ya que se encuentra detenido “por cuestiones políticas” desde hace dos años acusado del delito de fraude presuntamente por órdenes del ex gobernador de esa entidad, Martín Orozco
El senador José Narro, lamentó que este tipo de casos se repitan en el país y aseguró que se buscará que esta acción no quede en la impunidad, por lo cual no descartó la posibilidad de que se recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanose incluso a la CNDH.
“Desde el Senado de la República hago un llamado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome cartas en el asunto y ayude a que este empresario no siga siendo presa de políticos deshonestos como el ex gobernador Martín Orozco Sandoval”, demandó el senador morenista
En el expediente que fue entregado a senadores de Morena se exponen que Óscar Fernando González Martínez, fue encarcelado y acusado falsamente, así como despojado de su patrimonio por cuestiones políticas durante la administración del ex gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.
La abogada Jenny Marlene Hernández Rodríguez, recordó que el empresario quedó privado de su libertad el 19 de marzo de 2020, bajo una serie de mentiras, violaciones a sus derechos fundamentales y mala fe por parte del ministerio público de Aguascalientes, Fernando Adolfo Padilla García.
Expuso que además de privarlo de su libertad, al empresario se le realizó un embargo precautorio de bienes, pero no sólo en su contra, sino también en contra de sus hijos.
El detrimento patrimonial abarca su empresa y el predio en donde se encontraba ésta, aunado a que también a sus hijos se les embargaron sus bienes, por lo que perdieron su patrimonio en solo dos años.
Los familiares expusieron que el caso ya fue presentado en la conferencia mañanera del pasado 3 de noviembre y el presidente López Obrador ordenó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, atender el mismo. Sin embargo, señalan que quieren ventilar el tema en el Senado e incluso en instancias internacionales para su pronta liberación.