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En reforma judicial, AMLO sustituye al Consejo de la Judicatura con dos tribunales

Se da a conocer una iniciativa para que, como ha dicho el mandatario, ministros sean electos por voto directo y secreto en junio de 2025

Elección de la ciudadanía 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ordenar a la Secretaría de Salud a que haga públicos sus monitores epidemiológicos.

Reforma judicial de AMLO propone que el pleno de la Corte se integre por nueve ministros y no 11, entre otros planteamientos.

FOTO: Archivo 

Dentro del paquete de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este lunes ante la Cámara de Diputados, la del Poder Judicial plantea eliminar el Consejo de la Judicatura y lo sustituye con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el de Administración Judicial.

Además, como el propio mandatario ha dicho, se modifica la forma en que hasta ahora se han elegido a los integrantes de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Las y los ministros de la SCJN, las magistradas y los magistrados de Circuito, las juezas y los jueces de Distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía. La elección se realizará de forma concurrente con otros cargos de elección popular en el marco del proceso electoral ordinario que se celebre el primer domingo de junio de cada tres años, ya sean elecciones intermedias o para la elección de la Presidencia de la República y senadurías; las vacantes a cubrir en los órganos jurisdiccionales sustantivos del Poder Judicial serán sometidas al voto ciudadano el día de la jornada electoral junto con los demás cargos de elección popular".

Establece que los integrantes del pleno de la Corte serán nueve y no 11 y durarán 12 años en el cargo y no 15 como hasta hoy lo marca la ley, "porque resulta excesivo" ese periodo, además de que ningún funcionario del Poder Judicial Federal podrá percibir un salario más alto del que se le asigne al Presidente o Presidenta de México y las ministras y ministros no contarán con un haber por retiro.

La reforma presidencial propone desaparecer las dos salas con las que cuenta la Suprema Corte, "a fin de que sea el pleno del máximo tribunal del país el que conozca y delibere sobre todos los asuntos que lleguen a esta instancia".

En cuanto a la sdministración del Poder Judicial de la Federación se plantea que esté a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal, a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.

"Se dota al Tribunal de Disciplina Judicial de independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. El Tribunal tendrá una integración colegiada, conformada por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional. Asimismo, se establece que, para ser elegibles, las personas candidatas a magistradas y magistrados del Tribunal deberán cumplir con los mismos requisitos aplicables para ministras y ministros de la SCJN.

En cuanto al Tribunal Electoral, se propone que las magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones concluyan su encargo el 1 de octubre de 2025, cuando tomarán protesta las personas servidoras públicas que emanen de una elección extraordinaria.

"Este periodo diferenciado permitirá que el Tribunal Electoral cuente con las condiciones necesarias para conocer, tramitar y resolver las impugnaciones que se presenten para la elección de ministras y ministros de la SCJN, jueces de Distrito, magistrados de Circuito y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, sin interferir con su propio proceso de renovación", según la iniciativa.

La propuesta de reforma judicial de López Obrador es constitucional y requiere de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, primero, para tener luz verde, pero actualmente Morena no cuenta con los votos suficientes para lograr esta aprobación.

Los legisladores de los partidos de oposición ya se han manifestado en contra de una eventual modificación a la Carta Magna en materia judicial, pero han dicho también que esperarán a conocer las propuestas para pronunciarse.