El Gobierno de México enfrenta una nueva amenaza arancelaria de Washington y anunció que presentará argumentos para evitar la aplicación de un impuesto adicional del 10% a sus exportaciones, propuesto por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) en el marco de una investigación sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Sin embargo, en medio de la tensión, la Secretaría de Economía aclaró que el comercio mexicano que cumple con las reglas de origen del T-MEC —con el 85% del volumen de las exportaciones del país— se encuentra exento de la medida.
La noticia sacude la relación comercial, donde el T-MEC que entró en vigor en 2020 , tendrá su primera revisión conjunta prevista para el 1 de julio del presente año, lo que convierte estas semanas en una ventana crítica para la negociación para ambas partes.
Aunque la propuesta, dada a conocer el 2 de junio de 2026, aún no es definitiva. El proceso contempla un periodo de 45 días para recibir comentarios, celebrar consultas y realizar audiencias. Donde se ha señalado que la medida no es un golpe aislado contra México, donde la Oficina de la USTR presentó un informe bajo el amparo de la Sección 301 de su legislación interna, en ella se determinó que un bloque de 60 países, incluidos México, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, ha fallado en la prohibición y aplicación efectiva de leyes para impedir que ingresen a sus territorios bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.
El esquema de sanciones de la USTR propuso aranceles adicionales de 10% para México y otras economías que tienen prohibiciones, compromisos o regímenes parciales sobre trabajo forzoso, y aranceles de 12.5% para otros países investigados. Entre estos países figuran China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza, naciones que Washington considera con marcos legales aún más débiles en la materia.
El informe de la USTR define el trabajo forzoso como: “trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”. Bajo ese argumento, Washington sostiene que los países investigados permiten la entrada de mercancías fabricadas en esas condiciones, lo que obliga a los productores estadounidenses a competir en condiciones de gran desigualdad.
México rechaza los “supuestos” y apela al diálogo
La Secretaría de Economía fue firme en su postura: el Gobierno mexicano no aceptará las premisas de la investigación y las combatirá en los foros disponibles. “El Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar la aplicación de aranceles por estas causas”, señaló la dependencia en un comunicado oficial.
La postura mexicana fue expresada mediante una comunicación firmada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense encargado de Comercio, Dominic LeBlanc.
México confía, además, en que la dinámica de la revisión del T-MEC juegue a su favor. “México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC”, indicó la Secretaría de Economía.
La Secretaría de Economía también advirtió sobre la dimensión estratégica del movimiento de Washington. La investigación de la Sección 301 forma parte de una estrategia de Washington para sustituir aranceles previos: los impuestos bajo el mecanismo IEEPA, anulados por la Suprema Corte, y los de la Sección 122, cuya vigencia vence el 24 de julio de 2026. En otras palabras, la administración Trump busca mantener presión arancelaria sobre sus socios comerciales a través de nuevos instrumentos legales, luego de que el Tribunal Supremo bloqueara los anteriores.
Las investigaciones se iniciaron el 12 de marzo de 2026 y, durante el proceso de consulta pública previo a las conclusiones, la USTR recibió testimonios de casi 60 testigos y más de 500 comentarios y réplicas. El representante comercial Jamieson Greer fue contundente al presentar los resultados preliminares: “el fracaso de algunos de nuestros socios comerciales para abordar la importación de bienes hechos con trabajo forzoso es inaceptable”, señaló.
Aunque el blindaje del T-MEC cubre la mayor parte del comercio bilateral, el 15% restante de las exportaciones mexicanas aún puede enfrentar incertidumbre si la medida no se modifica. Ese plazo de 45 días permitirá que México dialogue con la USTR, entregue información, defienda sus mecanismos contra el trabajo forzoso y busque cambios en la propuesta arancelaria. Cabe destacar que los sectores del acero, el aluminio y la industria automotriz tampoco se verían afectados, al estar ya cubiertos por otras órdenes arancelarias específicas.
Por ahora no existe una decisión definitiva. La propuesta se encuentra en fase de análisis y consulta, por lo que las próximas semanas serán clave para determinar si Estados Unidos mantiene, modifica o retira los aranceles planteados. Ya que México entra a esa negociación con argumentos, con la cobertura parcial del T-MEC enfrente de la revisión formal del tratado el próximo 1 de julio.