La empresa Fujisan Survey, de José Pérez y con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, logró adjudicarse dos contratos en dos semanas y media por un monto conjunto superior a los $206 millones de pesos. Los contratos son para generar servicios de medición y calibración de sistemas de aceite, crudo y gas y llamaron la atención pues la empresa, durante el proceso de adjudicación, preguntó abiertamente sobre la posiblidad de utilizar personal sin comprobar con cédula profesional sus conocimientos técnicos.
La empresa llegó a plantear esta posibilidad también para los supervisores y los funcionarios de Pemex, en este punto, señalaron que este tipo de acreditación es obligatorio.
No obstante, la licitación generó molestia entre otros interesados por el contrato toda vez que plantear esa posibilidad generaba a su juicio una intención de operación.
El primer contrato: 182 millones de pesos hasta 2028
El 21 de mayo de 2026, Fujisan Survey recibió el fallo de la licitación DEE-CAT-S-GCEE 500-104757-26-1, por $`181,899,999.99 pesos, para el diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de medición de flujo de gas a quemador en los Activos de Extracción de Pemex. El contrato tiene vigencia hasta finales de 2028.
Durante la etapa de aclaraciones, empresas como Coopsa Ambiental, FAE Ingeniería y Proyectos, y Corporativo Comercial y de Servicios del Golfo pidieron a Pemex revisar los Precios Máximos de Referencia, que consideraban por debajo del valor real de mercado, y eliminar un descuento obligatorio del 5 por ciento sobre esos precios.
Pemex rechazó ambas peticiones. Fuentes de estos participantes señalaron que esta inflexibilidad auguraba que cualquier desviación de las normas sería seguramente motiovo para no ser tomada en cuenta, pero entonces vino la pregunta del que resultaría ganador para operar sin personal cuya certificación profesional estuviera cabalmente demostrada.
En ese mismo concurso participaron cinco propuestas conjuntas frente a la ganadora Fujisan Survey, que se presentó sola. Aun así, Pemex volvió a ocultar los montos económicos ofertados por sus competidores, amparándose en la llamada “regla 8.5 de negociación”, un mecanismo que organizaciones de transparencia han señalado repetidamente como una vía para sustraer información pública.
También destaca una cláusula: el contrato solo puede ser rescindido por la empresa si Pemex incumple sus pagos durante más de 365 días. Es decir, la paraestatal puede dejar de pagar las estimaciones mensuales durante casi un año entero antes de que el proveedor tenga margen legal para exigir la ruptura del contrato. Una condición que, en los hechos, coloca al proveedor en clara desventaja frente a la entidad contratante.El de junio, menos de tres semanas más tarde, Fujisan Survey ob
tuvo un segundo fallo, ahora por la licitación DEE-CAT-S-GCEE 500-105083-26-1, para el servicio de calibración de sistemas de medición de aceite, crudo y gas, en este caos por 24.8 mdp.
Y fue en esa marco donde apareció la pregunta sobre la cédula profesional, con la empresa que sería finalmente adjudicada por partida doble preguntando si se podía omitir la comprobación de experiencia previa y presentar sin ese documento tanto a su representante técnico como a los cuatro supervisores técnicos requeridos.
El proceso de apertura de propuestas se dividió en dos etapas. En la primera, Pemex ni siquiera reveló el monto que ofertó la única competencia de Fujisan Survey, el consorcio integrado por Instrumentación y Servicios Petroleros del Sureste, Rivers Solutions y Cesecal. Solo hasta la segunda etapa se supo que el monto autorizado para Fujisan Survey y que la propuesta rival había sido descalificada tanto en lo legal y administrativo como en lo técnico.
Los interesados inconformes señalan qye hay un patrón en la velocidad de los fallos, con precios de referencia que no se revisan pese a las quejas, cláusulas contractuales que protegen desproporcionadamente a Pemex ante retrasos de pagos por los que ya es bien conocido y una opacidad sistemática en el proceso.
A esto se suma un elemento que no debería pasar como anécdota: que una empresa contratada para labores de medición y calibración en instalaciones de extracción de hidrocarburos —trabajos con implicaciones directas de seguridad industrial— haya considerado siquiera la posibilidad de operar con personal técnico sin cédula profesional.