Pese a los avances en la legislación, en México, 2.4 millones de trabajadoras del hogar aún enfrentan condiciones laborales precarias con una alta informalidad y marcada desigualdad de género.
El sector está compuesto en más del 90% por mujeres, quienes enfrentan bajos ingresos, discriminación y falta de acceso a derechos laborales básicos.
Cerca del 96% de las trabajadoras laboran sin un contrato formal ni inscripción a la seguridad social mientras que el salario promedio mensual ronda los $4,200 pesos, ubicándose en muchos casos por debajo del salario mínimo diario.
En el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico que se celebró el pasado 22 de julio, urge implementar políticas públicas que promuevan la incorporación de las mujeres al sistema de seguridad social, así como la construcción de un Sistema de Cuidados y la corresponsabilidad activa entre el Estado, el mercado y la sociedad.
Así lo advierte Mónica Orozco Corona, investigadora asociada externa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y directora de GENDERS, quien señala que la realidad del mercado laboral mexicano es contundente:
Por cada hora que se destina al trabajo regulado para llevar ingresos al hogar, se requiere estrictamente otra hora de trabajo doméstico y de cuidados al interior de las familias.
Bajo este escenario, las 2.4 millones de trabajadoras del hogar remuneradas que existen en el país se consolidan como una fuerza indispensable para promover la movilidad social.
Sin embargo, las trabajadoras domésticas son quienes enfrentan las condiciones de vida y laborales más precarias, lo que limita su propio crecimiento y bienestar.
De acuerdo con el Informe de movilidad social y cuidados: un vínculo inseparable, elaborado por Orozco Corona y publicado por el CEEY, los principales retos que enfrenta México debido a la manera en que se distribuyen y organizan los cuidados son:
Advierte que hay un freo a las oportunidades pues las necesidades y responsabilidades de los cuidados afectan directamente el gasto de los hogares, limitan el acceso a la educación y restringen la participación de las personas en el mercado laboral.
Recalca que la carga del trabajo de cuidados recae principalmente en las mujeres de forma no remunerada. Esta distribución desigual influye en la desigualdad de oportunidades y afecta severamente las trayectorias de movilidad social de quienes proveen estos cuidados.
El Informe del CEEY concluye que para romper el ciclo de pobreza y estancamiento social es imperativo que el Estado provea servicios públicos de cuidado eficaces y apoyos directos. La integración de este sector a la seguridad social, así como la construcción de un Sistema de Cuidados, no es solo un asunto de justicia laboral, sino un pilar económico necesario para el desarrollo de México.