Durante los últimos 18 meses, el divorcio entre Maha Schekaibán y Bernardo Vogel ha sido contado principalmente a través de las acusaciones formuladas por Maha. Sin embargo, una declaración ratificada ante notario introduce ahora otra dimensión del caso: el dinero que estaba en juego y los métodos que presuntamente se utilizaron para mejorar la posición de Schekaibán dentro del divorcio.
Como parte del proceso de divorcio solicitado por Vogel, Maha presentó dentro del expediente oficial del juzgado familiar una pretensión patrimonial por 200 millones de dólares, monto muy superior al patrimonio existente.
La dimensión económica coincide con lo declarado por un exempleado de la firma que representaba a Schekaiban: “Estábamos contratados en un caso multimillonario [...] y teníamos que cumplir con el objetivo de que se obtuviera la mayor cantidad de dinero”. Añadió, además, que, según la titular del despacho, las ganancias del asunto serían suficientes para mantener a la firma durante un par de años.
El declarante sostiene también que la estrategia consistía en inventarse una historia que Bernardo ejercía violencia, hacer público el conflicto, multiplicar las carpetas de investigación y conseguir actuaciones que colocaran a Vogel bajo una presión pública cada vez mayor. Los señalamientos de la declaración notarial adquieren otra dimensión frente a una pretensión económica de 200 millones de dólares y una pensión recurrente de más de 3 millones de pesos mensuales.
La cantidad permite preguntarse si la escalada legal y mediática respondía a hechos verídicos o si era parte de una estrategia de desprestigio mediático para mejorar la posición de negociación de Schekaiban dentro del divorcio.
El episodio del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX es una de las actuaciones que deberán esclarecerse. La declaración describe cómo el resultado de una valoración psicológica oficial habría sido anunciado antes de que Schekaibán fuera evaluada. Mientras la prueba se encontraba en curso, integrantes del despacho habrían coordinado la entrega de 80 mil pesos que, según la declaración, estaban relacionados con la obtención de un dictamen favorable.
La fuerza oficial del dictamen no sólo fortalecía la posición penal de Schekaiban, sino que también aumentaba la presión sobre Vogel en medio de una negociación económica de enormes proporciones.
La declaración describe, además, la preparación de entrevistas, la búsqueda de testimonios, la apertura de distintas carpetas y una estrategia de exposición pública y mediática. En conjunto, estos elementos plantean una pregunta que ya no se limita a la actuación del CAVI.
Corresponde a las autoridades determinar si existieron pagos, manipulación de pruebas o intervenciones indebidas. Lo que queda planteado es la pregunta sobre qué parte de este expediente se integró a partir de hechos y qué parte fue construida para aumentar la presión sobre Vogel.