La industria cementera en México opera en un entorno marcado por desafíos regulatorios, fiscales y comerciales que podrían afectar su competitividad y el desarrollo de inversiones vinculadas a sostenibilidad y economía circular.
Entre las principales preocupaciones del sector se encuentran la aplicación de impuestos ambientales estatales relacionados con la extracción y procesamiento de materiales, una medida que las empresas consideran una carga adicional para la producción nacional. De acuerdo con representantes de la industria, estos gravámenes podrían trasladarse a la cadena de valor e impactar el costo final de los materiales para construcción.
José María Barroso, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), advirtió que este tipo de esquemas fiscales podría desincentivar proyectos destinados al aprovechamiento de residuos industriales y combustibles alternos, áreas en las que las cementeras han destinado recursos para reducir emisiones y avanzar en sus metas ambientales de largo plazo.
A la presión regulatoria se suma la creciente entrada de clínker y cemento provenientes de países asiáticos, productos que, según la industria, llegan al mercado mexicano con precios considerablemente más bajos y bajo un esquema de competencia que genera preocupaciones sobre las condiciones comerciales y los estándares aplicables a las importaciones.
Ante esta situación, los agremiados a la CANACEM han mantenido conversaciones con la Secretaría de Economía para revisar las condiciones de mercado y fortalecer los mecanismos que permitan garantizar una competencia equitativa para los productores nacionales.
Otro fenómeno que mantiene en alerta al sector es la comercialización ilegal de cemento adulterado, conocida en la industria como “cemento huachicol”. Esta práctica consiste en reutilizar envases de marcas reconocidas para comercializar materiales cuya composición y calidad no pueden verificarse. El producto suele ofrecerse a precios significativamente menores que los del mercado formal, lo que representa riesgos para consumidores y constructores que desconocen las características reales del material utilizado en sus obras.
Los casos de cemento ilegal han sido identificados en distintas regiones del país y se han convertido en una preocupación creciente para los fabricantes, quienes advierten efectos tanto en la competencia del mercado como en la seguridad y desempeño de las construcciones. La presencia de este tipo de producto ya genera afectaciones económicas para la industria formal y plantea retos adicionales en materia de inspección y cumplimiento normativo.
Frente a este escenario, la industria impulsa que las disposiciones relacionadas con la calidad de fabricación del cemento dejen de ser de aplicación voluntaria y se conviertan en requisitos obligatorios para todos los participantes del mercado, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de los productos, garantizar estándares homogéneos y brindar mayor certeza a consumidores y desarrolladores de proyectos de construcción.