La empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V., que fue contratada por la Cámara de Diputados para la distribución de monederos electrónicos rechazó haber incurrido en conflicto de intereses u opacidad en esas actividades y defendió que cuenta con la plena autorización y supervisión regulatoria del Estado mexicano.
En un posicionamiento tras los cuestionamientos a la transparencia y legalidad de sus contratos gubernamentales —incluido el servicio de monederos electrónicos prestado a la Cámara de Diputados—, la firma financiera Servicios Broxel precisó que ninguna autoridad administrativa, fiscal o judicial ha determinado responsabilidad en su contra.
Explicó que los procedimientos en trámite ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno corresponden a recursos de inconformidad presentados por un competidor tras un proceso licitatorio, los cuales representan medios de defensa ordinarios y no resoluciones definitivas de falta alguna.
Asimismo, la institución financiera destacó se encuentra debidamente autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, y aclaró que observaciones administrativas pasadas fueron atendidas y concluidas en su totalidad, descartando cualquier vínculo con operaciones de procedencia ilícita.
Aclaró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se dirigen formalmente a los entes públicos que ejercen el presupuesto, y que la empresa ha entregado en tiempo y forma la documentación requerida como prestador de servicios.
Igualmente, recordó que la elección entre licitación, invitación restringida o adjudicación directa es facultad exclusiva de los entes convocantes, manteniendo una postura ajena a la actividad política.
Broxel aseguró que toda la infraestructura tecnológica y de pagos registra cada dispersión de forma auditable y a disposición inmediata de las autoridades competentes.
Finalmente, la compañía informó que ha ejercido su derecho de réplica conforme a la ley y que se reserva las acciones civiles y legales correspondientes en contra de quien difunda información falsa que afecte su reputación patrimonial y corporativa.