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En México se registraron aproximadamente 8.1 millones de fraudes durante 2025, con pérdidas estimadas en 66 mil 470 millones de pesos

Fraudes masivos: ¿Cuándo una inversión fallida se convierte en delito?

El abogado penalista Erik Rubí explica cuándo una pérdida económica puede constituir un delito y qué pueden hacer las víctimas.

El fraude se ha convertido en uno de los principales delitos patrimoniales en México. Durante 2025 se registraron aproximadamente 8.1 millones de casos, equivalentes a casi uno de cada cuatro delitos estimados en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el INEGI.

El problema adquiere mayor relevancia ante las recientes investigaciones por presuntos fraudes millonarios; el pasado 9 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre cuatro esquemas que involucran a 1,276 víctimas y afectaciones patrimoniales reportadas por aproximadamente 1,850 millones de pesos.

Las investigaciones corresponden a MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency, Booster/XYB y Desarrollo Ejecutivo BRAJ, empresas señaladas por presuntamente captar recursos mediante promesas de rendimientos extraordinarios o comercializar viviendas que finalmente no fueron entregadas. En conjunto, los casos acumulan 1,055 carpetas de investigación y 25 vinculaciones a proceso.

Para el abogado penalista Erik Rubí, una de las principales diferencias entre un incumplimiento contractual y un posible fraude está en determinar si existió un engaño que llevó a las víctimas a entregar su patrimonio.

“No toda inversión que sale mal constituye un fraude. Para hablar de un delito es necesario analizar si existió un engaño, si este provocó que una persona entregara su dinero y si alguien obtuvo un beneficio patrimonial indebido. Esa diferencia es fundamental para determinar las responsabilidades penales”, explicó.

Las cifras nacionales reflejan la dimensión del problema. Según la ENVIPE 2026, el 80.6% de los fraudes registrados durante 2025 involucró internet o medios electrónicos, mientras que las pérdidas económicas asociadas con este delito ascendieron a aproximadamente 66,470 millones de pesos.

Otro de los principales desafíos es la falta de denuncias. La misma encuesta señala que únicamente el 4.8% de los fraudes fue denunciado ante las autoridades y que la cifra oculta alcanzó el 96.5%, porcentaje que incluye los delitos no denunciados y aquellos que, aun siendo denunciados, no derivaron en una carpeta de investigación.

En los fraudes que involucran a múltiples personas, las investigaciones pueden resultar especialmente complejas debido al número de afectados, las operaciones financieras realizadas y la posible participación de diferentes personas o empresas.

“Presentar una denuncia es importante, pero también lo es aportar elementos que permitan identificar a los responsables y seguir el destino del dinero. En estos casos, la investigación penal debe buscar no solamente establecer responsabilidades, sino también procurar la reparación del daño a las víctimas”, agregó Rubí.

El especialista señaló que, ante la sospecha de un fraude, es importante conservar contratos, comprobantes de transferencias, comunicaciones y cualquier documento que permita acreditar cómo se ofreció la inversión y en qué condiciones se entregaron los recursos.

Asimismo, destacó que la existencia de múltiples denuncias no implica automáticamente que todas las personas involucradas hayan cometido un delito. Las autoridades deben investigar la participación individual de cada posible responsable y acreditar los elementos de las conductas denunciadas.

Ante este panorama, actuar oportunamente, reunir documentación y buscar orientación jurídica resulta fundamental para que las personas afectadas puedan identificar las vías legales disponibles y solicitar la reparación del daño.

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