El Gobierno brasileño calcula que recibirá unos 100 mil millones de reales (unos 20 mil millones de dólares) por la venta del control de Eletrobras, la mayor eléctrica de América Latina, lo que convertiría su privatización, autorizada el lunes por el Congreso, en la mayor en la historia del país.
El cálculo, divulgado este martes por la secretaría de Economía, incluye lo que recibirán las arcas públicas mediante una capitalización de la empresa sin la participación del Estado y por la posterior venta de las acciones que sobren en este proceso.
El Estado brasileño es actualmente el propietario del 60 por ciento de las acciones de Eletrobras, la mayor generadora y transmisora eléctrica del país, porcentaje que se reducirá a cerca del 45 por ciento tras la prevista capitalización, por la que la empresa realizará una oferta pública de acciones en la bolsa de Sao Paulo de la que se abstendrá de participar el Estado.
El secretario especial de Desestatización y Desinversiones de la secretaría de Economía, Diego Mac Cord, explicó en una rueda de prensa que la oferta inicial de sus acciones en Eletrobras le rendirá al Estado unos 20 mil millones de reales (unos 4 mil millones de dólares).
Agregó que las ofertas secundarias que podrá hacer para deshacerse de las acciones con las que quedará dejarán en las arcas públicas otros 80 mil millones de reales (unos 16 mil millones de dólares).
El decreto ejecutivo que permite la privatización de Eletrobras fue aprobado el lunes por la Cámara de Diputados, por 258 votos a favor y 136 en contra, luego de que la medida recibiera la luz verde del Senado el jueves pasado, y ahora sólo depende de la firma del presidente, Jair Bolsonaro.
La venta de la eléctrica estaba estancado en el Congreso desde el gobierno de Michel Temer (2016-2018), pero Bolsonaro quiso darle un nuevo impulso en el marco de su ambiciosa agenda de privatizaciones y concesiones de activos públicos.
Pese a la venta del control, el proceso le garantiza al Estado brasileño una "acción dorada" de la empresa, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.
Según las proyecciones del Gobierno, la primera etapa del proceso de privatización, es decir la capitalización de la empresa, puede estar concluido en febrero de 2022.
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