Gobernar es pactar; pactar no es ceder.

Gustave Le Bon

La seguridad pública es, sin duda, uno de los temas que más nos preocupan a los mexicanos. No es para menos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, del INEGI, durante 2019 se cometieron al menos 33 millones de delitos. Los que atentan contra el patrimonio (robo, fraude y extorsión) ocuparon los primeros lugares, pero otros tantos como homicidio, feminicidio, violencia familiar, etc., no ceden.

En otra encuesta sobre seguridad pública urbana, que analizó el segundo trimestre de este año, el INEGI reportó que el 66% de la población considera que su entidad es insegura.

En la Ciudad de México, por ejemplo, las demarcaciones territoriales Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, son las que sus habitantes consideran más inseguras, particularmente en sitios como el cajero automático, el transporte público y las calles que usualmente transitan.

Como la inseguridad es un fenómeno que no debe ser analizado ni combatido aisladamente, sino que requiere de análisis zonales, integrales que partan de la comprensión misma del delito y, por lo tanto, de la participación y aportaciones de los tres órdenes de gobierno, la coordinación no es un lujo, una prerrogativa ni una alternativa, es una necesidad si verdaderamente se pretende tener incidencia positiva en la disminución o contención del delito.

Tampoco se trata de descubrir el hilo negro. Clara y reiteradamente, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que la coordinación es el eje del SNSP. ¡El eje! Ni más ni menos.

Hace precisamente una semana, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con gobernadores electos pertenecientes al MoReNa, que tuvo como propósito, según informaron más tarde, establecer acuerdos en materia de seguridad.

No hay razón ni justificación jurídica para que esos acuerdos estén reservados sólo para algunas entidades federativas. La exclusión no es en perjuicio de gobernadores de oposición, sino de los ciudadanos que los eligieron.

Ante la evidente exclusión del resto de los gobernadores del país que no forman parte de ese partido, el Ejecutivo adelantó que también se reuniría con los excluidos. Más allá del cuándo, destaca el porqué no se trató, de origen, de una reunión plenaria a la que por lo menos hubieren sido invitados todos los gobernadores.

Hoy es un lugar común señalar que mientras la delincuencia se encuentra organizada, perfectamente articulada, hace alarde de su poder real, de su poderío económico, de lo de nutrido de sus filas, de un propósito claramente unificado, las instituciones dedicadas a combatirlas y procurar justicia, se desgarran las vestiduras por superfluas cuestiones partidistas.

A juzgar por los hechos, el connotado tópico no es suficiente para convencer a todos y de ahí la resistencia a “juntarse” con los que no son cuates, como si dividir o desintegrar al país fuera fórmula útil para cualquier objeto.

Sé que no avanzamos mucho o quizás nada con críticas estériles, pero la esterilidad no radica, según entiendo, en quien las emite sino en quien injustificadamente las desoye.

Mi familia, amigos, yo mismo, hemos sido víctimas del delito en múltiples ocasiones. Levante la mano quién no.

En 2020 la inseguridad pública arrasó con 68.2%, como la asignatura que mayor preocupación genera en los mexicanos, en todas las entidades federativas, prácticamente duplicando el 36.4% correspondiente al renglón de desempleo. Seguimos en donde mismo, con ostensibles deudas en combate a la inseguridad.

La falta de estrategias en seguridad pública; un Plan de Persecución Penal de la FGR aún en versión preliminar; la invasión de la Guardia Nacional con ADN militar en tareas de seguridad pública y ahora esta consciente decisión de escisión son todo, menos señales de evolución.