Ominosas y cobardes, las amenazas a la conductora Azucena Uresti y varias empresas de comunicación son un abierto desafío a la sociedad y al Estado. La impunidad que disfruta la delincuencia organizada, a la que el presidente de la República insiste en privilegiar con abrazos y no responder con balazos —según la desafortunada metáfora con la que describe su propia indolencia— permite que se transgredan esos y otros límites.

Nunca antes el narcotráfico había amenazado así a un periodista con presencia nacional. En los estados en donde los delincuentes alcanzan cada vez más influencia, las amenazas a periodistas son frecuentes. Se habían registrado intimidaciones a medios de la ciudad de México en ocasiones como en julio de 2010, cuando fueron secuestrados en Durango cuatro reporteros de Milenio, Televisa y un diario local. Para enfatizar la gravedad de aquella agresión, Televisa transmitió una pantalla en negro en vez del programa Punto de Partida que conducía Denise Maerker.

La nueva agresión se hace de manera abierta. Los delincuentes han querido que se conozcan la jactancia y la patanería con que amenazan a una periodista. Envalentonados, se ufanan de su capacidad para amedrentar, perseguir y dañar. El video atribuido al llamado Cártel Jalisco es consecuencia de la impunidad con la que actúan esos grupos. La única manera para que periodistas y medios tengan garantías suficientes radica en que el Estado cumpla con su obligación perseguir y juzgar a los criminales.

La exigencia de los criminales coincide con las descalificaciones del presidente de la República en contra de periodistas y medios. Tanto a los delincuentes, como a López Obrador, les incomoda que se difundan informaciones que afectan sus intereses o posiciones. Unos, y otro, acusan a los medios de comportarse así por intereses económicos; “están vendidos” dicen con las mismas palabras. Por supuesto, de esos reproches se derivan actitudes diferentes. Los delincuentes amenazan con violencia física a los periodistas que les disgustan. El presidente, los descalifica y difama desde Palacio Nacional.

Tanto los delincuentes, como el presidente, incurren en actitudes de censura en contra de medios y periodistas. Ambos, les dicen a los informadores qué deben difundir y qué no. Por eso ha sido importante que López Obrador respalde a la periodista amenazada. Por desgracia el Mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, a cargo de la Secretaría de Gobernación, está debilitado por restricciones financieras y enredos burocráticos. Numerosos periodistas supuestamente resguardados por el Mecanismo han denunciado la negligencia y las limitaciones de esa protección.

Azucena Uresti es una de las conductoras más brillantes y valientes que hay en la televisión y la radio. Es de suponerse que, gracias a esa relevancia pública, el gobierno la custodiará de manera adecuada. Padecerá las restricciones personales que implica esa protección, que nunca es suficiente ni permanente. Otros informadores, en otras zonas del país, carecen de respaldo para cumplir con su trabajo ante amenazas criminales.

Esos amagos sólo existen por la debilidad del Estado en la aplicación de la ley. Pero ya que nos encontramos en esta situación hay que reconocer que medios e informadores no hacen todo lo necesario para enfrentar a la delincuencia. Muchas empresas de comunicación, por ejemplo, no proporcionan a sus reporteros vestimentas que los identifiquen como tales, ni les pagan seguros médicos y de vida. Al mismo tiempo, abundan los medios que muestran con sensacionalismo y sin contexto las informaciones sobre hechos criminales.

En respuesta a las amenazas a la mencionada periodista y contra Milenio, Televisa y El Universal, una veintena de medios y organizaciones exigieron al gobierno que proteja a los informadores. Hace más de diez años, en marzo de 2011, docenas de medios respaldaron el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” que los comprometía a no ser voceros involuntarios de la delincuencia, a evitar el lenguaje de los criminales, a impedir que los delincuentes sean mostrados como víctimas o héroes y a no difundir propaganda de esos grupos. Allí se decía para proteger a los reporteros se podrían publicar sin firma las notas sobre esos temas, que habría coberturas conjuntas con otros medios y se evitarían los reportes en vivo desde zonas violentas.

Esos compromisos les sirvieron a las televisoras para promoverse pero muchos de los medios que los suscribían nunca los cumplieron, o pronto dejaron de hacerlo. Aquel fue un Acuerdo de empresas y no pasó por las redacciones.

Por otra parte en junio de 2017, después del asesinato del reportero Javier Valdez en Culiacán, se reunieron docenas de informadores para establecer una “Agenda de periodistas” pero de esa discusión no surgieron cambios en la cobertura de notas sobre el crimen organizado.

Presentados sin contexto analítico, los crímenes más atroces son parte de la normalidad en los medios mexicanos. Diarios y noticieros dicen que hay “levantones” cuando se trata de secuestros; llaman “sicarios” a los asesinos; denominan “autodefensas” a grupos de toda índole, incluso cuando son promovidos por delincuentes. En todo el país hay reporteros que registran hechos criminales en solitario, en vez de hacerlo junto con otros periodistas.

Ahora los delincuentes encuentran que tienen, con el presidente, un adversario en común. Así, con reproches similares a los que se propagan desde Palacio Nacional, amagan a los informadores con una insolencia inusitada.