El 30 de julio de 2019 se creó el organismo público coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece su forma de operación y en su artículo 13 claramente refiere que debió concretarse un contrato con sus profesores y no la suerte de subcontratación vía un “convenio”, en el que incluso, se pretende que el académico decline de sus derechos laborales.

La contratación de los profesores debió realizarse fuera del régimen burocráyico, es decir, con prestaciones propias de empresas privadas, pero sí con goce de día de descanso semanal, pago de horas extras, cobertura por accidentes en el trabajo e indemnización en caso de despido.

Doscientos profesores fueron despedidos en las últimas cuatro semanas sin que se les respetara lo establecido mediante publicación en el DOF. No tuvieron seguridad social ni pago de vacaciones ni servicios médicos y, descubren ahora, que tampoco contaron con estabilidad laboral.

El artículo 13 del decreto de creación de las Universidades Benito Juárez refiere expresamente que: “Las relaciones de trabajo entre el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y sus trabajadores, se regirán por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El Apartado A subraya expresamente que serán condiciones nulas aquellas que impliquen renuncia del trabajador a algún derecho establecido por las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. Así, la renuncia a los derechos que existen en el “convenio” que se les hizo firmar a los docentes carece de validez.

Cabe aclarar que las instancias de gobierno tienen esta facilidad para contratar empleados por fuera del régimen del ISSSTE (mediante el Apartado A previamente mencionado), pero esto sólo tiene la intención de aligerar el peso de este sistema de seguridad social para los burócratas, no de eliminar sus derechos laborales. A quienes caen en ese Apartado A la ley los protege con derechos básicos (contratación, seguro social, vacaciones y otros) que todos los empleadores deben respetar.

Por lo pronto, lo establecido en las leyes mexicanas sí es cumplido para la propia Raquel Sosa, quien en su calidad de titular del Organismo que controla las universidades del Bienestar, está ganando lo que un Subsecretario de Estado, 91 mil pesos a la bolsa (131 mil brutos de los que se descuentan impuestos y cuotas diversas de prestaciones).

El sueldo y prestaciones de Sosa no han sido transparentados por el organismo que dirige, cuyos datos de obligaciones de transparencia están en blanco, pero la decisión de Irma Eréndira Sandoval, anterior titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de transparentar la nómina federal, revela los montos que gana.

Héctor Leonardo Martínez Torres, quien firmó el aviso de que no se renovaría el convenio laboral a los académicos, aparece igualmente con plaza y sueldo neto de 38 mil 719 pesos y 15 centavos.

Como titular del organismo, Raquel Sosa ha referido en diversas ocasiones que, desde su punto de vista, egresados de carreras sociales tienen tendencias neoliberales que no son útiles a la institución. Entre los despedidos hay agrónomos, pedagogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, comunicólogos, entre otros.

Profesores que han buscado asesoría legal y consultados por Crónica en este fin de semana, comentaron que los abogados coinciden en que se trata de un caso sencillo de ganar. Estos profesores serán la primera oleada de demandas laborales y peticiones de reinstalación.

Los docentes, auxiliados con herramientas tecnológicas y redes sociales como WhatsApp y Facebook, han intercambiado información sobre lo que despachos laborales opinan luego de exponerles lo sucedido. Acordaron que las demandas serían individuales, aunque también está claro que la primera oleada establecerá lo que habrá de ocurrir con el resto, incluso con aquellos que no fueron despedidos, pero que son obligados a trabajar después de firmar un “convenio”, sin prestación alguna.

*La versión de Sosa sobre la educación y los profesionales de la educación: