El memorándum sobre la reforma educativa dio lugar a una secuencia de declaraciones presidenciales que desembocaron en “la justicia está por encima de ley”, de la que no se librará en lo que resta de su mandato.
Lo dijo y no se puede dejar pasar. Encierra toda clase de negros presagios para la vida institucional en el país.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución es el eje de la toma de protesta de los servidores públicos.
Para justificar su dicho, el Presidente plasmó una interpretación personalísima del sentido de la Constitución. Un retruécano que será muy complicado desenredar.
La oposición no pudo dejar pasar el pase de gol de Semana Santa y ya le está sacando jugo al memorándum presidencial.
El senador panista Julen Rementería redactó su propio memo, también dirigido a los secretarios de Hacienda, Gobernación y Educación Pública
Que el memo se quede en mensaje político de buenas intenciones pasa, que se lleve a la práctica podría ser fatal para la Cuarta Transformación.
El Lydiagate, como le llaman en Puebla al caso de la periodista Lydia Cacho, desplazó de las primeras planas locales a las campañas para la elección extraordinaria de gobernador.
Hay quien dice que hay motivos electorales detrás de la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif.
Secuestrar y torturar a la periodista Cacho fue grave, pero no puede olvidarse que el telón de fondo es todavía peor: la denuncia de una red de pornografía infantil, documentada en el libro Los Demonios del Edén.
Se desarrolla en varios estados de la República y también a nivel federal una ofensiva en contra de la autonomía de las universidades públicas.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior no dejó pasar más tiempo e hizo pública su preocupación por los intentos de entrometerse con la autonomía,
Antes, a nivel federal, se propusieron cambios a la Constitución para borrar esta figura, aunque después se dijo que había sido un error. Como sea, se puso entonces el mal ejemplo.
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