La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del Pacto contra la Extorsión, un acuerdo multisectorial que busca unir a gobierno, poder judicial y legislativo, sector empresarial, academia, iglesias, comercio popular y sociedad civil para prevenir, combatir y desarticular uno de los delitos que más golpea la vida cotidiana de los capitalinos.
En el evento, la mandataria capitalina subrayó que el Pacto marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad, basada en la corresponsabilidad social y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Entre las medidas anunciadas destacan el envío inmediato de un paquete de reformas al Congreso local para fortalecer el marco jurídico, endurecer la persecución del delito y tipificar figuras como el “hostigamiento coercitivo” (tentativa de extorsión) como delito grave; la creación de un Gabinete Especializado contra la Extorsión; la construcción de un Centro de Atención Inmediata contra la extorsión; la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios; la protección integral a víctimas y testigos, con acompañamiento jurídico, psicológico y medidas de seguridad reales y; el fortalecimiento de las vías de denuncia anónima e inmediata.
Los resultados preliminares son alentadores. Entre enero de 2025 y marzo de 2026 se detuvieron a 335 personas por extorsión o tentativa, lo que representa un incremento del 170%* respecto a 2019 y del 45% frente a periodos más recientes. Las órdenes de aprehensión también crecieron 170% desde 2019. Además, el 87.5% de los reportes al C5 corresponden a “tentativas”, lo que significa que casi nueve de cada diez intentos fracasan. En marzo de 2026 se registró una disminución del 29.2% en las extorsiones consumadas respecto a agosto de 2025.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que la estrategia se sustenta en cuatro ejes: fortalecimiento normativo, promoción de la denuncia, incremento de capacidades institucionales y coordinación interinstitucional. Este Pacto representa un paso importante y necesario. Romper el silencio, construir inteligencia social, ofrecer protección real a quienes denuncian y endurecer las penas, son acciones que van en la dirección correcta. La participación activa de la sociedad civil, el sector comercial y la academia fortalece la estrategia y genera confianza.
Sin embargo, la extorsión no respeta límites municipales. Las bandas criminales operan con facilidad en el Valle de México, moviéndose entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Muchas extorsiones telefónicas o virtuales se originan en penales de entidades vecinas o se ejecutan en territorios metropolitanos. Por ello, este esfuerzo local debe ser el punto de partida para construir un plan metropolitano integral contra la extorsión.
Es urgente que Clara Brugada impulse una mesa de coordinación inmediata con los gobernadores del Estado de México, Hidalgo y Morelos, así como con las alcaldías conurbadas y la federación. Compartir inteligencia, homologar protocolos de denuncia, alinear estrategias tecnológicas (como inhibidores y centros de atención) y realizar operativos conjuntos, permitiría cerrar los vacíos que hoy aprovechan las bandas. Un enfoque aislado en la CDMX corre el riesgo de desplazar el problema hacia los municipios vecinos, sin resolverlo de fondo.
La Ciudad de México ha dado una señal clara de voluntad política y cero tolerancia. Ahora corresponde dar el siguiente paso, transformar este Pacto local en una verdadera alianza metropolitana que proteja a millones de familias que comparten la misma realidad urbana. La prueba de fuego no estará solo en las detenciones o en las reformas aprobadas, sino en la capacidad de mantener la coordinación en el tiempo y de entregar resultados tangibles, menos miedo, más denuncias exitosas y una ciudad (y una región) donde la extorsión deje de ser una amenaza cotidiana.
La Jefa de Gobierno ha convocado a romper el silencio y a construir comunidad. Si esa convocatoria se extiende más allá de los límites de la capital y se traduce en acción conjunta con los gobiernos vecinos, el Pacto contra la Extorsión podría convertirse en un modelo nacional de cómo enfrentar con inteligencia y unidad uno de los delitos más dañinos del México actual. La capital ha dado el primer paso, ahora falta dar el salto metropolitano.