Opinión

187 casillas en el sur de Lima

Keiko Fujimori, abanderada del partido Fuerza Popular, durante su cierre de campaña (EFE)

“Nosotros tenemos previsto hacia la primera quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”, dijo Yessica Clavijo, secretaria general de la Junta Nacional Electoral, apenas el sábado pasado. Transcurrirá un mes completo sin que Perú sepa quien competirá con Keiko Fujimori por la presidencia de esa república.

¿Y todo esto porqué? Por 187 casillas que no se instalaron en tiempo y forma en el sur de Lima, la mera capital de la nación.

El punto es que esas 187 (hay quien afirma que fueron 211) concentran muchas de las patologías electorales que se han vuelto a presentar en Perú y en muchos otros países de América Latina, a saber: reducción de presupuesto de los institutos electorales, más y más atribuciones bajo su responsabilidad, cambios a las leyes sin consultar a especialistas y ni siquiera a las propias autoridades responsables, boletas de votación complicadísimas, reducción de personal por razones de austeridad ¿les suena? Pues todo esto pasó en Perú y el resultado es una crisis política enredada y rijosa, altamente tóxica que erosiona -por si hiciera falta- las bases de aquella precaria democracia.

Vean si no: el candidato Rafael López Aliaga, amenazó nada menos que al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): “Lo voy a ver a sus oficinas y no sé si quede vivo”. El mismo candidato, a la sazón líder de Renovación Popular, exigió a Roberto Burneo, Jefe de la Junta Nacional Electoral (JNE) “anular las elecciones generales, por el gigantesco fraude en un plazo no mayor de 24 horas… Si no declaran nula esta porquería señor Burneo, prepárese a su propio plan Morrocoy. Bien grandazo lo va a tener. Un morrocoy (tortuga terrestre) enorme para que te comportes como hombre. Ya sabe por dónde se lo voy a meter…”, injurió, además de convocar a la “insurgencia civil” si no se repiten los comicios.

Adivinó: López Aliaga usa gorra, es ferviente admirador de Trump y es asesorado por la ultraderecha española de Vox. Este señor disputa el segundo lugar con el 11.9 por ciento de los votos, frente al candidato de izquierdas, Roberto Sánchez que obtuvo poco más del 12 por ciento, una ventaja aproximada de 13 mil votos, margen estrecho y altamente sensible a variaciones en el cómputo, al que todavía le faltan varias centenas de casillas que contar.

El revoltijo siguió durante toda la semana con denuncias cruzadas, yerros, demandas penales y nuevas acusaciones, esta vez contra la misión de observación de la Unión Europea. No obstante, López Aliaga fue mucho más allá. El lunes mismo, sin haber transcurrido siquiera 24 horas, fue detenido y encarcelado el responsable de la organización electoral de la ONPE, mientras que el mismo candidato formalizó una denuncia contra Corvetto por presunta “omisión de funciones” y solicitó también su detención inmediata. Una locura.

Pero volvamos al cogollo del problema. La elección del 12 de abril, de suyo, fue gigantesca; los peruanos eligieron un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos, ¡todos en una sola boleta! fruto de esos cambios inopinados en la última reforma electoral (vale la pena ver este video en el que la Junta Electoral intenta explicar a la ciudadanía como votar en una boleta, más parecida a una sábana que a una cédula https://n9.cl/ed2ysr).

La manera de votar fue enredada, lo que hizo que el flujo de electores fuera mucho más lento, pero lo peor fue el cómputo, contar esas boletas que admitían todo tipo de combinaciones y de errores. ¿Resultado? los votos nulos superan en cantidad a los votos obtenidos por cualquier candidato presidencial; hasta el viernes, votos nulos y blancos alcanzaban los 3.1 millones de boletas.

Pero el problema mayor se radicó en el sur de Lima, donde los materiales electorales no llegaron sino hasta el mero día de la votación (y no los días previos como estaba previsto). Y es que ante la absurda complejidad de las boletas y de los cómputos, la ONPE no alcanzó a programar sus sistemas de recuento con todo y su IA. Además y por eso, muchas de las computadoras que ayudarían a los funcionarios de casilla no pudieron hacer el simulacro ni incorporarse al sistema general.

Y aquí está el demonio: López Aliaga obtuvo más del 60 por ciento de su caudal de votos precisamente en la capital, Lima, donde no se colocaron a tiempo y en forma esas 187 casillas sino horas después y en algunos casos, hasta el día siguiente (lunes 13) mediante sensatos acuerdos extraordinarios de las autoridades pero no previstos en la ley. El material inflamable solo esperaba una chispa.

Una mala planeación, sin duda, pero sobre todo una ausencia de supervisión porque no había recursos suficientes para contratar al personal de seguimiento y de vigilancia institucional. Nuevo problema: la ONPE no tuvo la capacidad para responder las dudas ni las impugnaciones, precisamente por la falta de información, porque no tenía suficientes profesionales en el terreno, lo cual derivó a su vez, en un problema grave de comunicación a los partidos y al público en las horas críticas de la elección. Los responsables no podían decir que pasaba y porque pasaba.

Y el colmo: en lugar de que el Estado, sus poderes entrarán a dar todo el apoyo al ONPE, como hemos dicho, el lunes arrestaron al jefe de logística y hoy gravitan sobre la cabeza de Piero Corvetto varios procesos penales.

Moraleja para México: como ha apuntado Daniel Zovatto, el debilitamiento de la autoridad electoral constituye “un riesgo sistémico”. Las fallas logísticas y la percepción de desorden atentan contra la legitimidad de los resultados, pero sobre todo contra la credibilidad de cara a la segunda vuelta (el 7 de junio).

A la extrema fragmentación política y a unos resultados con márgenes tan estrechos, se añade ahora una autoridad electoral cuestionada, que deberá hacerse cargo de la organización de esa segunda vuelta.

Reformas malhechas, a las carreras, insuficiencia de recursos, anemia de la autoridad electoral y votaciones en boletas estrambóticas (como las de la elección judicial en México) son coctel seguro para una crisis política. Para que, por enésima vez, se vuelva a joder Perú.

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