El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó recientemente su Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026. El documento de análisis es un excelente retrato de la situación por la que atraviesa nuestra región en cuanto a sus desafíos democráticos, tanto para nuestras sociedades como para el Estado.
Entre los principales retos que identifica el PNUD en América Latina y el Caribe se encuentran los problemas en la calidad de la democracia, la crisis de representación política, los pendientes en el desarrollo humano, la polarización, la desinformación como distorsión de la esfera pública, la presión de grupos criminales, y los desafíos que porta la migración y el desplazamiento de personas.
Llama la atención, sin embargo, que el informe reconoce a la región como la segunda más democrática del mundo, sólo después de Norteamérica y Europa Occidental. Lo anterior debido a que este régimen político persiste en los países que integramos la región, pues 4 de cada 5 personas vive en países democráticos. No obstante, lo anterior no resta relevancia a los riesgos comunes que enfrentamos, tanto por la erosión de las instituciones, como por la creciente presión ciudadana por encontrar soluciones a los problemas más apremiantes.
La visión del informe es integral: no conceptualiza a la democracia como mero fenómeno procedimental basado en elecciones recurrentes. Su foco de atención incluye el análisis del ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales a través de los procesos deliberativos, la construcción de políticas de bienestar, así como las capacidades institucionales del Estado. Derivado de ello, una de las conclusiones que me parecen más relevantes es que la región enfrenta procesos de erosión democrática signados no siempre por rupturas abruptas (golpes de Estado, revueltas, crisis democráticas), sino por trayectorias de debilitamiento gradual de las instituciones.
El informe señala que esta dinámica incluye el creciente cuestionamiento de los procesos electorales, el desgaste de las autoridades electorales, la concentración del poder en liderazgos personalistas, el debilitamiento de contrapesos y la difusión de narrativas polarizadas que minan la confianza en las instituciones. Algo que, por cierto, hemos visto de manera cada vez más recurrente en diversas latitudes y que no se manifiesta exclusivamente dentro de un espectro político-ideológico, sino que se ha generalizado cada vez más.
A partir de este diagnóstico, el informe del PNUD también plantea una idea fundamental: ningún actor, por sí solo, puede ofrecer una solución integral a los desafíos de la democracia. Las respuestas requieren de la cooperación entre gobiernos, instituciones, sociedad civil, academia, medios de comunicación y ciudadanía para construir acuerdos en contextos cada vez más complejos. En el centro de esta discusión se encuentra la necesidad de preservar condiciones mínimas de competencia política, particularmente en el ámbito electoral.
Elementos mínimos como fortalecer la autonomía de los organismos electorales y reconstruir la confianza ciudadana en los procesos electorales son indispensables para garantizar elecciones libres y justas. Así, la democracia no solo requiere árbitros imparciales, sino con la suficiente capacidad para decidir con independencia frente a poderes políticos, económicos o mediáticos. En tiempos de polarización y desinformación, proteger la integridad electoral y asegurar la posibilidad de alternancia pacífica en el poder constituye una condición esencial para evitar el deterioro gradual de las instituciones democráticas.
Finalmente, el informe advierte sobre la necesidad de restringir la influencia desmedida del poder económico en la esfera política. Cuando los recursos —lícitos o ilícitos— alteran las condiciones de competencia democrática, se profundizan las desigualdades en la capacidad de influir sobre las decisiones públicas y se debilita la representación política. Por ello, la defensa de la democracia también implica garantizar que las reglas de participación política no sean capturadas por intereses particulares capaces de distorsionar la voluntad ciudadana.