El conservadurismo mexicano es una de las corrientes políticas e intelectuales más persistentes en la historia nacional. A diferencia de la imagen simplificada que lo reduce a una mera defensa del privilegio o a una nostalgia autoritaria, más bien representa una tradición compleja, contradictoria y profundamente ligada a los conflictos fundacionales del país, expresando la relación entre religión y política, el problema del orden social, de la autoridad del Estado, la identidad nacional y el miedo a la fractura social. Desde el siglo XIX este conservadurismo se desarrolló como respuesta a la crisis provocada por la independencia y la destrucción del viejo orden colonial. Los conservadores se concebían así mismos como defensores de la continuidad histórica y del orden civilizatorio heredado de la tradición hispánica y católica.
El conservadurismo no nació como una ideología del futuro, sino como una política del miedo al desorden. La experiencia traumática de las guerras internas, las invasiones extranjeras y la pérdida territorial frente a Estados Unidos reforzó entre los conservadores la idea de que la libertad sin autoridad conducía a la disolución nacional. La estabilidad debería preceder a la democracia. La derrota política del conservadurismo a manos de los liberales no significó su desaparición cultural. De hecho, muchas de sus ideas sobrevivieron dentro del Estado mexicano principalmente la centralización, la conciliación con la Iglesia, la desconfianza hacia la movilización popular y sobre todo, la idea de orden. En esta visión del orden prevalece la obediencia, porque la estabilidad importa más que cualquier otro valor político.
Esta idea del orden ocupa un lugar central en el pensamiento conservador. De hecho podría afirmarse que el conservadurismo nace históricamente como una filosofía política del orden frente al miedo, el caos, la revolución y la desintegración social. Desde sus orígenes modernos, los conservadores han sostenido que las sociedades humanas no sobreviven únicamente por leyes o instituciones racionales, sino por un tejido histórico de costumbres, jerarquías, creencias y autoridades que garantizan estabilidad y continuidad. El orden conservador no se limita al Estado, atraviesa la vida cotidiana, la sexualidad, la educación y la cultura. Por ello, el conservadurismo desconfía de las utopías al considerar que los proyectos políticos que prometen emancipación total suelen desembocar en violencia o tiranía. El orden conservador sostiene que las jerarquías sociales expresan una estructura inamovible del mundo. Considera que las jerarquías sociales no son
necesariamente injustas dado que se conciben como mecanismos funcionales de cohesión.
El ser humano es conflictivo, imperfecto y propenso a la violencia. Consecuentemente, normas fuertes, tradiciones consolidadas y autoridades férreas son requeridas. Esta interpretación política del orden enfatiza la necesidad de un poder fuerte, capaz de contener la fragmentación social. El orden siempre es frágil y debe protegerse constantemente. Esta idea se vuelve poderosa en sociedades atravesadas por crisis profundas. En contextos de violencia, incertidumbre económica o descomposición institucional, la promesa conservadora de estabilidad se vuelve atractiva. Los conservadores olvidan que la cuestión decisiva del orden nunca es neutral, dado que implica relaciones de poder, normas dominantes y formas de exclusión. Por ello, la crítica democrática pregunta: ¿orden para quién?, ¿a costa de quién?, y ¿quién define la normalidad? Los críticos del conservadurismo responden que ningún orden político es legítimo si bloquea la igualdad, la pluralidad o la emancipación.
De esta manera, las interpretaciones progresistas del orden parten de una premisa distinta a la conservadora: el orden social no es algo natural, eterno o sagrado, sino una construcción histórica creada por relaciones de poder entre las personas. El progresismo no suele preguntarse cómo preservar el orden existente, sino más bien qué tipo de orden político produce justicia, equidad y libertades efectivas para la mayoría de personas. El orden legítimo solo puede surgir del reconocimiento igualitario de derechos y de la participación política ciudadana