El seis de junio de 2027, la ciudadanía mexiquense elegirá a quienes integrarán la Legislatura local y los 125 ayuntamientos del Estado de México. Ello implica un proceso organizativo complejo que constituye uno de los retos más importantes para la autoridad administrativa electoral.
Con la elección local 2026-2027 se renovarán las 75 Diputaciones integrantes del Congreso del Estado de México, así como los cargos que integran los 125 ayuntamientos mexiquenses (125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías). Para tal efecto, cada partido político que postule candidaturas para la totalidad de los cargos disponibles deberá registrar 2,644 personas candidatas, entre propietarias y suplentes.
Así, 212 candidaturas corresponderán a diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y 2,432 a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. En otras palabras, la integración de los ayuntamientos representa el mayor universo de espacios de representación que estarán en disputa.
Actualmente, con seis partidos políticos nacionales con acreditación y un partido político local, el Instituto Electoral del Estado de México tendría que recibir, revisar y aprobar la documentación correspondiente a 18,508 candidaturas. Cifra que se incrementará si se concretan los procedimientos para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales y uno local, por lo que el número de fuerzas políticas participantes podría ascender a diez o más, elevando el universo potencial de aproximadamente 24,320 expedientes de personas aspirantes a un cargo de elección; más aquellas que se sumen a la contienda por la vía independiente.
Cada una de estas postulaciones implica un proceso exhaustivo de revisión y validación por parte de la autoridad electoral. Lo que comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales, la revisión de la documentación presentada, el análisis de las acciones afirmativas y de los principios de paridad, así como la atención de requerimientos, sustituciones y demás actos vinculados al registro de candidaturas.
En conjunto, se trata de miles de expedientes que deben ser analizados de manera individual y rigurosa, garantizando en todo momento la observancia de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad que rigen la función electoral.
La complejidad de esta elección también se refleja en la infraestructura necesaria para hacer posible el ejercicio democrático. Será necesario determinar 170 inmuebles para las juntas distritales y municipales, así como adecuar y equipar 295 bodegas que serán destinadas al resguardo de documentación y material electoral. Asimismo, se estima la impresión de más de 29 millones de boletas electorales.
A ello se suma la integración de una amplia estructura de personal electoral, que contempla la contratación de cerca de 1,900 personas para las juntas distritales y municipales, más de 6,600 supervisoras, supervisores, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, alrededor de 1,700 personas para actividades de la jornada electoral y la designación de más de 2,000 consejerías electorales.
Estas cifras permiten dimensionar que la organización de una elección no se reduce al día de la votación. Se trata de una labor que involucra miles de personas, millones de documentos y una compleja coordinación institucional para garantizar que cada candidatura pueda competir en condiciones de equidad y que cada voto sea recibido y contado con certeza. Esa es la magnitud del reto que representa la elección local de 2027 para el Estado de México.
Sin embargo, toda esta organización no tendrá relevancia, si no se presenta la ciudadanía a votar, ya que esta función ciudadana es la más importante en todo proceso democrático. Les invito a adentrarse en las actividades del IEEM y a acudir a las urnas.