Pedro Aspe ha vuelto al debate público con un diagnóstico severo sobre la economía mexicana. Sus opiniones merecen escucharse. Fue uno de los arquitectos de la estabilidad macroeconómica del país y conoce como pocos la importancia de las finanzas públicas. Precisamente por ello, sorprende que su análisis se construya sobre una selección de indicadores que deja fuera otra parte de la evidencia. En economía, como en política, escoger únicamente los datos que confirman una tesis conduce a conclusiones incompletas. El eje de su planteamiento es claro: el crecimiento del gasto social habría desplazado la inversión productiva y colocado a México en una ruta de estancamiento. La afirmación es contundente, pero la realidad resulta bastante más compleja.
Calificar los programas sociales como una “segunda nómina” supone que esos recursos no generan valor económico. Sin embargo, la evidencia disponible apunta en otra dirección. La ENIGH 2024 del INEGI reporta que el ingreso corriente de los hogares aumentó 10.6 % en términos reales y que la desigualdad disminuyó. Las mediciones oficiales muestran, además, una reducción importante de la pobreza. Estos resultados no prueban que todo programa social sea eficiente ni que deba quedar exento de evaluación; sí desmienten, en cambio, la idea de que las transferencias públicas carecen de efectos económicos. El dinero que recibe una familia no desaparece: vuelve al mercado en forma de consumo, sostiene pequeños negocios, dinamiza economías locales y fortalece el capital humano.
La experiencia reciente también obligó a revisar uno de los postulados más arraigados de la ortodoxia económica. Durante años se afirmó que aumentar significativamente el salario mínimo provocaría desempleo, inflación y pérdida de competitividad. Ocurrió exactamente lo contrario. El salario recuperó poder adquisitivo como no sucedía en décadas y, al mismo tiempo, México alcanzó niveles históricamente altos de empleo formal registrado ante el IMSS. El mercado laboral mantiene desafíos importantes, pero la realidad no confirmó las predicciones más pesimistas.
El diagnóstico de Aspe tampoco agota la explicación sobre la inversión. Atribuir su comportamiento exclusivamente al crecimiento del gasto social simplifica un fenómeno influido por factores mucho más amplios: las tasas de interés internacionales, la incertidumbre global, la seguridad pública, la infraestructura, el fenómeno del nearshoring y las expectativas empresariales. Además, los datos más recientes del INEGI muestran una recuperación de la Formación Bruta de Capital Fijo respecto del año anterior. Cuando cambian los datos, también debe actualizarse el diagnóstico.
Algo similar ocurre con Pemex. La empresa enfrenta problemas financieros que nadie puede ignorar. Pero sus propios reportes muestran que, durante el primer trimestre de 2026, la producción de hidrocarburos fue superior a la registrada un año antes. Criticar su situación es legítimo; omitir esa evolución limita el análisis.
La deuda pública merece, sin duda, vigilancia permanente. Pero también exige precisión. Los datos de la Secretaría de Hacienda ubican el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alrededor de la mitad del PIB, en niveles distintos de los sugeridos por la interpretación más alarmista. La prudencia fiscal sigue siendo indispensable, pero también lo es el rigor al presentar las cifras.
México enfrenta retos profundos. Nadie serio podría negarlo. El crecimiento continúa siendo insuficiente, la productividad debe aumentar y la inversión necesita mayor dinamismo. Sin embargo, reducir toda esa complejidad a la existencia de programas sociales significa convertir una interpretación en una certeza que los datos no sostienen.
La verdadera discusión no es si México debe elegir entre disciplina fiscal o justicia social. Ese es un falso dilema. Las sociedades más exitosas son aquellas capaces de combinar estabilidad macroeconómica con movilidad social, inversión productiva con inclusión y crecimiento con bienestar.
Quizá ahí radique la diferencia de fondo. La economía de finales del siglo XX medía el éxito casi exclusivamente por el comportamiento de las variables macroeconómicas. La economía del siglo XXI exige incorporar otra pregunta: ¿quiénes participan realmente de ese crecimiento?
Las cifras importan. Todas las cifras. Porque cuando un diagnóstico selecciona únicamente aquellas que confirman un paradigma, deja de describir por completo la realidad. Y cuando la evidencia es parcial, también lo son las conclusiones.