En este mes de julio se desmantelaron dos Huachi-Refinerías equipadas con tractocamiones, pipas, tanques, motobombas y maquinaria industrial. Las instalaciones clandestinas eran capaces de procesar entre 5 y 10 mil barriles diarios. Hasta ahora no hay ningún detenido.
Una investigación periodística presentada por el medio Código Magenta, revela una trama de corrupción y las redes de protección que operaron durante meses para permitir la operación de la refinería clandestina de Nuevo León.
La denominada Huachi-Refinería se encontraba ubicada a tan solo 10 kilómetros de las instalaciones de Pemex en Cadereyta, la dimensión de sus instalaciones y la logística necesaria para abastecerla y distribuir su producción hacen difícil pensar en una operación pequeña o improvisada.
La investigación relaciona a Ezequiel González Duelas y a Ramiro Gándara, este último como representante legal de Energy Refinados, empresa con ingresos reportados a la autoridad fiscal por más de 5 mil millones de pesos, que funcionaba como fachada de las instalaciones clandestinas en Nuevo León.
La pregunta, entonces, ya no es solamente quién operaba la Huachi-Refinería. La verdadera pregunta es quién permitió que funcionara. Resulta difícil creer que una instalación clandestina de esta magnitud haya podido operar durante un periodo prolongado sin que nadie la viera, y que dentro de las estructuras oficiales no tuvieran conocimiento de su existencia.
Hasta ahora la autoridad se ha limitado a asegurar el inmueble y retirar la maquinaria. De quedarse hasta ahí, se abría atacado solamente la parte más visible del problema.
Una situación similar ocurrió en Tamaulipas, concretamente en Reynosa. Aquí las fuerzas federales aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo, además de tractocamiones, pipas, motobombas, tanques móviles, tanques verticales, generadores eléctricos y otra infraestructura especializada. Otra operación de dimensiones industriales, sin ningún detenido hasta el momento.
Este segundo hallazgo hace que el caso adquiera una dimensión mucho más alarmante. Ya que dos refinerías clandestinas descubiertas en dos estados fronterizos, con una capacidad operativa que requiere enormes volúmenes de combustible y una logística sofisticada, obligan a investigar si existieron redes de protección que permitieron su funcionamiento. Y quiénes, desde las estructuras públicas o privadas, pudieron facilitar que estas operaciones permanecieran activas.
La lucha contra el huachicol ha demostrado que el problema dejó de ser hace mucho tiempo una simple cuestión de tomas clandestinas, el negocio evolucionó y se sofisticó. Se trata de una industria criminal que puede involucrar contrabando, robo de hidrocarburos, empresas fachada, lavado de dinero y redes de distribución.
El gobierno federal ha intensificado los operativos y ha logrado importantes aseguramientos. Pero decomisar millones de litros de combustible no es suficiente si las investigaciones no llegan a los responsables y, sobre todo, a quienes hicieron posible que las operaciones funcionaran.
El huachicol tradicional y el huachicol fiscal no pueden combatirse únicamente con operativos espectaculares. Se necesita desmantelar las redes de protección que permiten que estas estructuras se instalen, operen y crezcan. Ahí está el verdadero reto para el secretario de seguridad Omar García Harfuch y para las instituciones encargadas de investigar estos delitos.
@fer_martinezg