Este año, ONU Mujeres advirtió que ningún país ha alcanzado la igualdad jurídica plena entre mujeres y hombres y que, a nivel mundial, las mujeres cuentan, en promedio, con el 64 % de los derechos jurídicos reconocidos en comparación con los hombres. Este dato permite mirar una realidad: los derechos no avanzan de manera lineal y puede volver a ponerse en duda aquello que parecía consolidado.
Un ejemplo reciente ocurrió en Texas cuando Turning Point USA organizó una cumbre de liderazgo femenino donde algunas asistentes expresaron que estarían dispuestas a renunciar a su voto individual para favorecer un modelo de “voto por hogar”. Al mismo tiempo, en redes sociales han ganado visibilidad contenidos vinculados con la corriente tradwife que idealizan un estilo de vida con base en roles y estereotipos de género.
El alcance de estos planteamientos importa porque va más allá de una discusión sobre cómo votar e implica retroceder en el acceso y ejercicio de los derechos que otorga la condición de ciudadanía para las mujeres. Esta lucha política inició hace siglos con Olympe de Gouges (Marie Gouze) al redactar la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791 y que, posteriormente, las sufragistas impulsarían por todo el mundo. En México, el derecho de las mujeres al voto quedó reconocido constitucionalmente en 1953 mientras que 2014 y 2019 consolidaron la paridad como principio constitucional. Estos avances en conjunto con otras reformas como la de reconocer y tipificar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, han sido clave para cambiar el panorama político y abrir más espacios para que las mujeres accedan y ejerzan el poder político en condiciones de igualdad, esto es: pasar de la igualdad descriptiva a la igualdad sustantiva. El recordar este camino permite comprender por qué ningún derecho debería volver a plantearse en términos restrictivos o regresivos, pues los derechos humanos de las mujeres llevan consigo siglos de exigencia, organización, lucha y la vida de muchas de ellas.
Sin duda, también resulta necesario reflexionar sobre las razones por las que algunos discursos asociados con los roles tradicionales parecieran encontrar cierta aceptación. Muchas mujeres participan en la vida profesional, académica, comunitaria y política sin que las tareas de crianza, cuidados y trabajo doméstico se distribuyan de la misma manera. El identificar esta realidad permite advertir que la igualdad no puede alcanzarse con abrir nuevos espacios mientras permanecen intactas las cargas históricamente asignadas. Así mismo, es importante insistir en que los feminismos no pretenden establecer una sola forma de vida para las mujeres, por el contrario, buscan que cada mujer pueda elegir sobre el rumbo de su vida sin que una condición biológica determine su futuro ni que alguien más decida en su nombre.
La defensa de estos derechos ha sido construida principalmente por mujeres pero sostenerlos en la actualidad requiere una responsabilidad más amplia. Los hombres también tienen un papel frente a las violencias y las desigualdades: asumirse como desertores del patriarcado para acompañar las exigencias de las mujeres con su respectiva toma de postura desde los espacios que ocupan. Uno de los ejemplos más recientes, el futbolista Borja Iglesias Quintás decidió apartarse y no volver a jugar en la selección española mientras las condiciones no cambiaran después de la violencia ejercida contra su colega Jennifer Hermoso Fuentes. Acciones como esta muestran que todas las personas podemos y debemos ser parte de la defensa por los derechos humanos. Desde luego, no sustituyen la voz de quienes viven directamente una injusticia, pero se suman a ella al romper el pacto patriarcal.
Conviene recordar que la protección de los derechos se construye en colectivo frente a discursos que pretenden ser una regresión para la ciudadanía de las mujeres. Como refiere Leticia Bonifaz Alfonzo “Ninguna conquista es definitiva […] mirar donde estamos […] nos permitirá mantenernos en alerta permanente ante cualquier intento de retroceso o exclusión”.
Flor Angeli Vieyra Vázquez Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México