Antes del COVID tuvimos otra pandemia ahora un poco olvidada: la del virus H1N1, conocida también como gripa porcina, allá por 2009; en esa ocasión recuerdo a un candidato que decidió iniciar su campaña con un evento transmitido por Internet. Parecía algo novedoso.
Algo nuevo que después fue lo común.
Es cierto que la plaza pública, la visita casa por casa, el gastar suelas, no se sustituye por las pantallas, pero también es una realidad que la presencia en redes se ha convertido en una necesidad absoluta.
Esto ha presentado varios problemas prácticos, dudas que se han resuelto a golpe de sentencia o que, incluso, siguen sin aclararse. ¿se puede realizar promoción política en la misma cuenta que antes se manejaba como personal?, ¿y si la persona era funcionaria pública, y posteaba actividades laborales, debe retirarlas?, ¿qué pasa si en la cuenta de X o Facebook hay una imagen religiosa?, en el periodo de reflexión, ¿hay que quitar la propaganda que se haya colgado en la cuenta?
Son solo algunas dudas.
Pero también se presentan otras cuestiones, por ejemplo, si la ciudadanía tiene algún límite en cuanto a lo que puede expresar en redes: ¿una mentada es sancionable? ¿una candidatura o partido pueden bloquear en sus cuentas a un ciudadano? ¿toda expresión es válida?
Ciertamente no todas las redes son iguales, si tienes cuenta en X sabrás, por ejemplo, que es un ambiente beligerante y a vece francamente tóxico; Facebook puede ser menos agresivo e Instagram, al menos en México, bastante pacífico.
X, red o canal de comunicación, me ha permitido interactuar con personas inteligentes, valiosas y respetuosas. Pero sin duda es el habitar natural de bots, trolls, que buscan controlar la discusión pública.
Y también es un espacio en el que se presentan expresiones violentas, racistas y excluyentes. De pena ajena.
Las redes son un espacio valioso para formar opinión, para que las autoridades comuniquen y también puedan conocer opiniones acerca de su labor. Llegaron y no se van a ir.
Pero los esquemas de moderación, el algoritmo que presenta unos posts y otros no, son controlados por empresas mercantiles. Las reglas que han fijado, lo que aceptan o rechazan, tiene sin duda una intención: evitar afectar negativamente la ganancia económica.
Son las empresas quienes definen qué temas se pueden discutir, qué palabras se pueden usar y qué mensajes se ven más.
La autorregulación no tiene por objetivos, al menos no como los principales, la tutela o protección de los derechos, la nivelación de las oportunidades o el fomento de la democracia.
Creo que debemos discutir este tema. No para limitar la libertad de expresión, ni para afectar los legítimos ingresos, pero sí para garantizar que la discusión de los tema políticos, la admisión de unos temas o la exclusión de otros, la ampliación de unas voces o el ocultamiento de otras, la protección de los grupos vulnerables o la proscripción de la violencia de género, sean cuestiones que queden a la decisión de las empresas dueñas de las plataformas; que al final de cuentas son parte del nuevo modelo Tecnofeudal.
Decisiones de Estado para problemas de Estado.