El pasado 8 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados el paquete económico para 2027, que contiene los Criterios Generales de Política Económica, el proyecto de la Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación y los proyectos de iniciativa de decretos que reforman diversas disposiciones fiscales, entre las que se incluye una modificación al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Lo más relevante del paquete fiscal es la modificación profunda que se pretende realizar al régimen simplificado de confianza (RESICO), que es un esquema de tributación diseñado para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME), que son cerca de 6.1 millones de contribuyentes, representan el 99.8% de las unidades económicas, generan cerca del 70% al 72% del empleo y aportan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2026, el 78% paga el Impuesto Sobre la Renta conforme a las reglas optativas del RESICO.
El RESICO es un esquema tributario diseñado para simplificar y facilitar el pago de impuestos a contribuyentes con ingresos bajos y su objetivo es incentivar la formalidad y ampliar la base de contribuyentes, por lo que sus principales efectos son extrafiscales, no recaudatorios. Sin embargo, este régimen creado en 2022 no ha logrado disminuir el porcentaje de economía informal y representa sólo alrededor del 1.5 % de la recaudación del sistema de rentas, en cifras del 2024.
La propuesta de modificación del RESICO consiste, primordialmente, en elevar el rango para incorporar a personas físicas de 3.5 millones de ingresos anuales a 5 millones y a personas morales de 35 a 50 millones, con lo que más profesionistas, comerciantes, talleres, arrendadores, negocios familiares, MIPyME, entre otras unidades económicas, pueden ingresar, regresar sin sanción o quedarse en ese esquema. Lo anterior implica que aumentará el monto del concepto de renuncias recaudatorias, que deberán cubrirse con otros ingresos para no incrementar el déficit presupuestal.
Lo que más llama la atención del paquete económico es el trato preferencial a las personas físicas en el RESICO en lo que respecta al IVA, que podrán optar por pagar la tasa 7 % sobre sus ventas totales sin que proceda la acreditación del IVA pagado, y con el privilegio de no llevar contabilidad. El beneficio más atractivo es la reducción de la tasa del 16 % a una menor, pero que no es necesariamente conveniente para todos los contribuyentes, quienes deben hacer un análisis financiero antes de elegir este esquema de tributación sobre la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el arrendamiento.
Este es un cambio trascendental en los impuestos indirectos sobre el consumo y es un retorno al viejísimo Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, abandonado en 1980 con la creación del IVA, que afectaba la competitividad económica de los sectores en los que las cadenas de producción y comercialización son largas. La no acreditación en los impuestos al consumo genera tasas acumulativas que incrementan los precios y posiblemente el monto de la recaudación.
La reforma fiscal propuesta es una apuesta arriesgada, ya que parte del supuesto de que quienes acuden a los factureros optarán por incorporarse a la legalidad, pagar una tasa inferior de IVA, con lo que el incentivo a la evasión será sensiblemente menor y aumentará la recaudación tributaria. Si bien esto puede suceder, la realidad es que el RESICO no disminuyó la informalidad en 4 años de vigencia, ni mejoró la recaudación por la vía de un mayor número de contribuyentes.
El IVA transformado es un regreso al impuesto de los 70 del siglo pasado y es un reconocimiento de que la administración tributaria, en casi 50 años, no ha podido verificar el correcto acreditamiento de este impuesto y que hay devoluciones indebidas, que utilizan la tasa cero. Estas prácticas ilícitas afectan significativamente a las finanzas públicas y abrir un esquema de excepción, la tasa 7 para el RESICO, se puede convertir en un hueco, que, paradójicamente, abra áreas de oportunidad para la actividad fraudulenta de los factureros.
También, proyectando al futuro, este IVA transformado puede que sea una prueba piloto para proponer más adelante el regreso al impuesto sobre ingresos mercantiles (ventas) con una tasa inferior a la actual del 16%. Esto simplificaría la administración tributaria con la eliminación generalizada de la acreditación y las devoluciones, sería aplaudida por la población por la aparente disminución de la carga tributaria, pero afectaría profundamente la estructura de costos de las cadenas económicas en las que participan las MIPyME.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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