La polémica alrededor de la llamada “Ley Antimemes” debería abrir una discusión seria sobre los límites que puede tener el Estado cuando una reforma penal toca, aunque sea indirectamente, el terreno de la libertad de expresión.
El Senado aprobó un proyecto de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que ahora deberá ser discutido por la Cámara de Diputados. El objetivo declarado es combatir la piratería, la falsificación y el fraude cometido mediante el uso indebido de identidades, documentos y símbolos oficiales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido categórica al rechazar que se trate de una legislación para prohibir memes, sátira o crítica política. Ha explicado que la disposición busca impedir que mediante inteligencia artificial se clone la imagen o la voz de un funcionario para hacerse pasar por una institución pública y cometer un fraude.
El problema es que el artículo 403 Bis establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta diez mil UMA para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas para inducir a error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
La preocupación expresada por legisladores de oposición y organizaciones defensoras de la libertad de expresión no es necesariamente que el texto diga expresamente que los memes o la sátira serán delito. El cuestionamiento está en la amplitud de algunos conceptos y en el margen de interpretación que pudiera tener la autoridad al aplicarlos. La senadora Guadalupe Murguía, por ejemplo, ha advertido que esa ambigüedad podría generar efectos inhibitorios sobre la crítica, la caricatura, la parodia y otros contenidos políticos.
No debemos perder de vista que en una democracia, la crítica al poder no puede depender de la buena voluntad de quien gobierna. Mucho menos cuando existe la posibilidad de que una conducta relacionada con la expresión pública termine dentro del ámbito penal.
La historia demuestra que la censura no siempre llega con una prohibición explícita. En muchos casos opera mediante mecanismos indirectos como presión económica, concesiones, publicidad oficial, permisos, regulaciones o simplemente la posibilidad de utilizar las herramientas del Estado contra quienes resulten incómodos.
Durante décadas, medios, periodistas y comentaristas han conocido esas formas de presión. En ocasiones, quienes se vuelven demasiado críticos dejan de aparecer en espacios que ocuparon durante años y las explicaciones suelen reducirse a una supuesta reestructuración, ajustes administrativos o decisiones empresariales.
Por eso cualquier reforma que pueda tener efectos sobre la libertad de expresión merece un escrutinio particularmente cuidadoso.
La discusión en la Cámara de Diputados debe servir para despejar cualquier ambigüedad. Escuchar a quienes respaldan la reforma, pero también a periodistas, organizaciones civiles, especialistas y legisladores que advierten posibles riesgos. Si el objetivo es combatir la falsificación y el fraude, la redacción debe ser lo suficientemente precisa para que nadie pueda utilizarla después como instrumento contra la sátira, la parodia o la crítica política.
Porque la libertad de expresión comienza a perderse cuando periodistas, medios y ciudadanos empiezan a preguntarse si lo que van a publicar puede traerles una sanción. Una democracia que pretende ser fuerte no debe tenerle miedo a los memes, a la sátira ni a la crítica.
El verdadero desafío para cualquier gobierno no es conseguir que nadie lo critique, sino demostrar que puede soportar la crítica sin intentar convertirla en un problema penal.
@fer_martinezg