Esta semana el caos vial en la Ciudad de México fue por cuenta de los trabajadores sindicalizados del IMSS, quienes organizaron una marcha vespertina el 13 de octubre y bloquearon vialidades cercanas a centros hospitalarios. Esta protesta se inscribe en el proceso de negociación del contrato colectivo de trabajo, cuyo acuerdo inicial fue rechazado en votación abierta, y en el marco de exigencia de un mayor aumento salarial, insumos suficientes para desarrollar su actividad y mejores condiciones para la mejora del servicio.
Este escenario era previsible desde que se publicó el segundo informe trimestral de 2026, en julio pasado, y muestra el mayor gasto por el concepto de ayuda de renta, 14 % más del programado, y un menor gasto en servicios generales del -14 % y en inversión física del -38 %, asi como el reconocimiento oficial que hay un 6 % de desabasto de medicamentos, que puede ser más alto por meras cuestiones de registro.
También era previsible desde hace años. La nómina de trabajadores en activo al año asciende a 300 mil millones de pesos y el pago de sus trabajadores jubilados a 150 mil millones, es decir, los salarios están “topados” por el pasivo laboral que asciende a cerca de 3 billones de pesos. El marco de posibilidades para llegar a un arreglo satisfactorio entre autoridades y el sindicato, que no aceptó el aumento de 2.9 % directo al salario tabular y 3.9% a prestaciones, es muy pequeño.
En este escenario hay que agregar que el subsidio del gobierno federal para el pago de pensiones garantizadas aumenta a un ritmo del 30 % anual por la reforma de 2021, la reducción de semanas de cotización para acceder a una prestación de esta naturaleza, y el envejecimiento poblacional que provoca que el 50 % de los ingresos totales del IMSS provengan de transferencias presupuestales para cubrir las pensiones de la Ley de 1973. Además, oficialmente se reconoce que la viabilidad financiera se garantiza sólo una década y que este plazo se redujo en un año durante el sexenio pasado, es decir, se prevé que el Instituto contará con recursos suficientes para hacer frente a los gastos hasta 2036.
El escenario para una negociación exitosa, que satisfaga a la mayoría de los cerca de 475 mil trabajadores, que deben votar aprobando lo que sus líderes acuerden, es poco probable. Además, existen 350 mil pensionados que también tienen intereses en que en el nuevo contrato colectivo no se menoscaben sus derechos adquiridos y seguramente están dispuestos a salir a la calle para manifestarse.
La seguridad social es un tema de la agenda nacional que pateado por los últimos cinco gobiernos al futuro hasta que éste nos alcanzó. Las reformas de López Obrador, aplaudidas porque aumentaron derechos, este incremento se hizo sin sustento financiero y en contrasentido a una ruta más viable. Hoy el IMSS proyecta una reducción de la expectativa del empleo formal por el aumento en el costo de la nómina, por el aumento de las cuotas patronales y un mayor incentivo a los trabajadores por cotizar debido a la reducción de las semanas de cotización. Con menos de 20 años de aportar al seguro social pueden disfrutar de una pensión entre 18 y 22 años, según los datos de la CONSAR.
En un libro que publiqué en el 2021, “Las Crisis de la seguridad social no superadas”, anticipaba que tarde o temprano, el gasto creciente en pensiones, agravado con las reformas de López Obrador, se convertiría en una lápida financiera para las generaciones futuras. El trabajador en activo del IMSS verá que su salario se deprimirá en los próximos años mientras no se separen absolutamente las administraciones de los seguros de salud y de pensiones y el gobierno reestructure el pasivo laboral. Además, no es posible seguir financiando la extensión de la cobertura y los servicios de salud con el pago de salarios bajos al personal y con esquemas de precariedad como los contratos temporales u honorarios para no generar antigüedad laboral. También están en la mesa las demandas de los médicos de IMSS-bienestar.
La expectativa de que habrá IMSS hasta el 2036 es otra amenaza a la atención médica a más de la mitad de los mexicanos jóvenes que van a requerir este tipo de servicios con más intensidad y frecuencia en 20 años. El ocultamiento del problema bajo el tapete o el populismo electorero no han sido la solución, todo lo contrario, han agravado la situación. Las estrategias del aumento de la carga fiscal sobre la nómina o la invitación a la afiliación voluntaria con programas pilotos o la obligatoriedad a la inscripción de trabajadores típicos de la economía informal (hogar, campo, independientes o empresas familiares) están agotadas. Ya es tiempo de no jugar al bote pateado con el futuro de nuestros jóvenes.
*Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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