El 16 de octubre pasado un grupo de taxistas aspirantes al beneficio de sustitución vehicular presentó una airada queja en la oficina de la Jefa de Gobierno, doña Clara Brugada. En ella se explica cómo dos colaboradores suyos le pueden dinamitar (o por lo menos trabar), el programa de electrificación del servicio de “ruleteros”, como se les llamaba antiguamente. Hasta Pérez Prado les hizo un mambo.
Pero ahora en el gobierno les hacen un tango.
La carta en cuyo texto se narra el calvario fue recibida a las 14.25 de la fecha mencionada y en el espacio superior, donde se sintetiza el tema o materia del cual se trata, dice a la letra:
“Asunto: Alerta urgente por presunto desvío de recursos públicos, conflicto de interés y coacción institucional a concesionarios del transporte público (taxis) en la Secretaría de Movilidad”.
Aun cuando la copia sellada del papel está en poder de este humilde redactor, él mismo tratará de explicar su contenido y la materia del cual se ocupan los quejosos. Paso a paso.
Procedo:
Un grupo de taxistas indignados por la coacción para acceder a los fondos públicos de un programa de la jefatura del Gobierno, fondos públicos presenta una denuncia en la expone una maniobra altamente irregular. Una especie de sabotaje interno.
Los quejosos señalan a Leyla Méndez, Directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular y a Enrique Santiago Director Operativo de Transporte Público Individual.
Mencionan estos antecedentes.
La Jefa de Gobierno anunció (diciembre 2025, hace casi un año) un programa para sustituir taxis viejos con autos eléctricos y auxiliar en la reducción de gases contaminantes, ruido, etc., y finalmente dignificar el servicio.
En aquella ocasión dijo: “Ustedes van a recibir al Mundial como la nueva cara de movilidad de la Ciudad de México”. Lástima, el mundial ya se acabó y olmo no da peras.
“Pero los mencionados funcionarios vieron otro sendero (¡qué raro!) y en el camino hicieron tres movimientos (como el viejo detergente FAB):
“a). - Instalar mesas de acopio de expedientes fuera del procedimiento, coaccionando a los concesionarios individuales a someterse a trámites de sustitución vehicular a través del fideicomiso FIFINTRA, operando intencionalmente fuera de la norma, mediante una convocatoria, sin reglas de operación previa publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX para el ejercicio fiscal 2026.
“b). - Esto significa dos conductas; coacción y direccionamiento comercial.
De forma expresa y como condición (verbal) ineludible para liberar el subsidio público de 300 mil pesos los ya dichos servidores públicos, impusieron la obligación de adquirir exclusivamente unidades de la marca automotriz GEELY Modelo EX2.
c). - Los quejosos hablan de triangulación Financiera y Contratos de Usura. Los funcionarios informaron que el recurso público de FIFINTRA no se entregaría a agencias automotrices consolidadas, sino que sería dispersado directamente a la SOFOM privada denominada HDA Soluciones (sin presencia en el ramo automotriz), la cual obliga a firmar créditos complementarios con tasas del 18% anual que inflan la deuda base de 90 mil a 129 mil 608 pesos exigiendo el endoso de la factura del vehículo en favor de la financiera, lo que configura un riesgo inminente de despojo del patrimonio y del subsidio público original.
El dúo parece olvidar las consecuencias de esta “idea” y los procedimientos de ella derivados, los cuales pueden constituir delitos previstos en el Código Penal para la CDMX:
Por ejemplo, abuso de autoridad (Artículo 269), al otorgar ventajas o privilegios indebidos a particulares, o coaccionar a los gobernados para realizar actos no previstos en las leyes sea cual sea el pretexto.
Podría también advertirse un uso Ilícito de atribuciones y facultades (Artículo 283) al otorgar o contratar financiamientos, subsidios o ventajas comerciales con recursos públicos de manera direccionada en beneficio de una firma privada (GEELY / HDA Soluciones).
Advierten, para más, la posibilidad de fraude y asociación delictuosa por la colusión con particulares para retener fondos del erario a través de esquemas de deuda.
¿Qué prendas tienen doña Leyla y don Enrique para ser quienes rigen el transporte público colectivo e individual de la Nueva Axolotitlán, al menos en este caso?, se preguntan.
Doña Leyla es comunicóloga egresada de la UNAM con estudios en Dirección de Cine en el CUEC, hoy ENAC y ex comisionada de Filmaciones de la CDMX (en tiempos de Miguel Mancera).
También trabajó en la Central de Abasto (CEDA) y la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEDUVI, donde (dice el diario unomasuno, dejó cuentas no aplaudidas universalmente.
En los registros de transparencia de la CDMX --dicen los quejosos representados en la carta por JCJHZ--; además figura de manera simultánea en contratos de la SEDUVI (como uno de abril de 2024) como prestadora de servicios y también bajo el rol de Titular de la Dirección relacionada con los servicios del prestador.
Un esquema de contratación de personal asimilado con cuestionamientos internos por el control absoluto de las plazas presupuestales, juzgan.
Y ¿la experiencia en transporte y movilidad? “Bien gracias…”, dicen.
Don Enrique Santiago –por su parte-- se ha pasado buena parte de su vida laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, donde acumuló experiencia de índole judicial-laboral, sin antecedentes previos en ingeniería de tránsito, transporte público o diseño de políticas de movilidad urbana.
Quizá de eso no entiendan, pero de otras cosas...
El multi mencionado escrito presentado en nombre del gremio taxista o por lo menos de los representados (y con la firma del representante e interesado, cuyas iniciales son las ya anotadas líneas arriba), incluye un oficio enviado a Doña Leyla con la cotización de HDA Soluciones y una tabla comparativa de los modelos eléctricos.
Cualquier aclaración, pues háganla con el firmante del documento. https://drive.google.com/file/d/1FbeOtuhTrhQt-EbSBflLOSmH4SFh7MJv/view?usp=drive_link
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