De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, en 2015, el 12.3% de las niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraba en situación de trabajo infantil. Diez años después, la proporción asciende a 12.6%. Esta persistencia obliga a examinar los límites de las políticas de protección social y, con mayor profundidad, las relaciones entre la organización económica del país, la reproducción de las desigualdades y las condiciones materiales en que transcurre la infancia.
En números absolutos, la cifra en 2025 es de 3.47 millones de niñas, niños y adolescentes. Entre ellos, un millón 823 mil 529 realizan ocupaciones no permitidas, ya sea porque se encuentran por debajo de la edad legal para trabajar o porque desempeñan actividades peligrosas para su integridad física y su desarrollo.
Es urgente, frente a ello, reflexionar en torno a qué tipo de orden económico y social hace posible que millones de niñas y niños deban incorporar el trabajo a su experiencia de la infancia, frecuentemente bajo condiciones que la propia legislación considera inadmisibles. Desde esta perspectiva, el trabajo infantil constituye un indicador de los límites efectivos del desarrollo, pues su persistencia muestra que las mejoras distributivas y la ampliación de la protección institucional no necesariamente se traducen en una transformación integral de las condiciones de vida de las infancias.
La expresión «década perdida» adquiere así un significado específico: señala la incapacidad del país para producir una transformación estructural que reduzca sostenidamente la proporción de niñas, niños y adolescentes afectados. Aunque entre 2022 y 2025 se registró una disminución de 13.1% a 12.6%, el resultado es insuficiente frente al horizonte normativo de erradicación del trabajo infantil, particularmente de sus modalidades prohibidas y peligrosas.
Este fenómeno puede interpretarse como una manifestación extrema de la distribución desigual de los costos de reproducción social. Cuando los ingresos familiares, los servicios públicos y las redes de protección resultan insuficientes, una parte de las necesidades de subsistencia se traslada al trabajo de quienes deberían encontrarse especialmente protegidos frente a esas exigencias. La infancia queda incorporada, directa o indirectamente, a los mecanismos de supervivencia de los hogares.
Los motivos declarados para trabajar ilustran esta problemática. Entre quienes realizan ocupaciones no permitidas, el 22.4% señala que lo hace para pagar sus estudios o gastos personales; el 14.9%, para aprender un oficio; el 9.8%, porque el hogar necesita su trabajo, y el 6.6%, porque requiere su aportación económica. Otro 30.6% declara trabajar por gusto o simplemente para ayudar. Estas respuestas deben comprenderse entendiendo que, cuando una niña o un niño necesita trabajar para financiar sus estudios, resulta evidente la insuficiencia de los mecanismos de protección integral y garantía de derechos.
Las contribuciones de Nancy Fraser sobre las contradicciones entre producción y reproducción social permiten comprender cómo determinadas formas de organización económica trasladan hacia las familias responsabilidades que deberían encontrarse socialmente distribuidas. La participación laboral infantil expresa una de las consecuencias más graves de ese desplazamiento.
Las desigualdades territoriales ilustran esta situación. Guerrero registra una tasa de trabajo infantil de 22.6%; Oaxaca, de 20.9%, y Chiapas, de 20.3%. En contraste, Sinaloa presenta una tasa de 5.4% y Baja California de 5.8%. La distancia entre estas entidades revela que las posibilidades de vivir una infancia protegida están profundamente condicionadas por el lugar de nacimiento y residencia. Así, las desigualdades históricas y las capacidades institucionales deben considerarse para comprender estas diferencias.
Asimismo, las desigualdades de género determinan formas diferenciadas de participación laboral. En 2025, la ocupación peligrosa afectaba al 8.8% de los niños y al 3.2% de las niñas. Sin embargo, la problemática también comprende los quehaceres domésticos realizados en condiciones inadecuadas, cuya incidencia aumentó durante la última década. Esta dimensión resulta fundamental porque las exigencias de reproducción doméstica pueden restringir severamente el tiempo disponible para estudiar, descansar y participar en actividades recreativas.
Hannah Arendt permite pensar respecto de la responsabilidad de las generaciones adultas frente a quienes llegan al mundo. La infancia requiere condiciones que hagan posible su incorporación progresiva a la vida común, mediante la educación, el cuidado y el desarrollo de sus capacidades. La normalización del trabajo infantil altera esa responsabilidad intergeneracional, pues coloca sobre niñas y niños obligaciones económicas que corresponden a una organización social capaz de garantizar su protección.
La gravedad de esta situación puede comprenderse desde la crítica de Debra Satz a los mercados nocivos. El trabajo infantil no constituye un intercambio libre entre iguales, sino una relación atravesada por la vulnerabilidad, la necesidad y la desigualdad de poder. Su presencia permanente limita el desarrollo de niñas y niños, reproduce desventajas acumulativas y revela condiciones sociales incompatibles con una infancia plenamente protegida.
La persistencia de estas cifras exige revisar la articulación entre política salarial, empleo adulto, protección social, educación y desarrollo territorial. También obliga a fortalecer las capacidades institucionales para identificar y prevenir las actividades laborales prohibidas, especialmente en los espacios donde predominan la informalidad, las ocupaciones agrícolas y las relaciones productivas familiares.
Después de una década, México continúa registrando una prevalencia de trabajo infantil prácticamente idéntica a la de 2015. Esta continuidad expresa una insuficiencia estructural de las políticas orientadas a garantizar los derechos de la infancia y plantea una exigencia fundamental para cualquier proyecto de desarrollo con justicia social: asegurar que ninguna niña o niño deba comprometer su educación, su integridad o su tiempo de infancia para contribuir al sostenimiento económico de su hogar.
Investigador del PUED-UNAM