Opinión

De la calle a las urnas

La Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez

Hace quince años, el movimiento de los indignados sacudió el escenario político español. Las movilizaciones del 15 de mayo, conocidas como el 15-M, llevaron a miles de personas a las calles para cuestionar la austeridad, la corrupción y una democracia que parecía incapaz de responder a las demandas ciudadanas.

Quince años después, las movilizaciones por la vivienda de los últimos meses y la huelga general del 11 de noviembre vuelven a plantear preguntas sobre las instituciones, la representación política y los mecanismos con los que una democracia procesa las demandas sociales.

De acuerdo con el Consejo de la Juventud de España, al cierre de 2025 apenas el 14.5% de las personas de entre 16 y 29 años había logrado independizarse, la cifra más baja desde que se tiene registro. Para quienes buscan rentar una vivienda en solitario, la renta promedio representa el 98.7% de su salario mensual, y la edad promedio de independencia alcanza los 30.2 años, casi cuatro años por encima de la media europea. Estas cifras visibilizan la dificultad de acceder a una vivienda, y las condiciones materiales que limitan la autonomía y los proyectos de vida de toda una generación.

Las movilizaciones recientes también invitan a reflexionar sobre el alcance de las formas de participación y presión social. La huelga general del 11 de noviembre, la primera convocada por los principales sindicatos españoles en catorce años, recupera una herramienta de movilización que no se limita a las demandas laborales. Esta vez, el reclamo por salarios y vivienda digna articuló a distintos sectores de la sociedad; el descontento encontró formas de expresión que complementan los plantones en las plazas. Junto con las protestas públicas derivadas del desalojo de Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda, la huelga ha dado mayor visibilidad a demandas que buscan una respuesta institucional.

Tras las movilizaciones de finales de septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos decretos con medidas para atender la crisis de vivienda, entre ellas la protección frente a los desalojos y la limitación de los incrementos de alquiler. No obstante, ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso, lo que llevó a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Así, una demanda que comenzó a expresarse en las calles se trasladó al terreno electoral.

A diferencia de 2011, la ciudadanía española llegará a las urnas con un sistema de partidos más plural que el que entonces cuestionaban los indignados. Algunas de las fuerzas políticas que hoy forman parte de la competencia surgieron en aquel ciclo de movilización. Podemos, por ejemplo, obtuvo cinco escaños en las elecciones europeas de 2014, antes de convertirse en una de las principales expresiones electorales tras la ruptura con el bipartidismo. La paradoja es que una parte de las demandas que acompañaron ese cambio político —entre ellas, el acceso a una vivienda digna— sigue sin encontrar una respuesta satisfactoria.

Pareciera que algunas demandas persisten, mientras cambian las generaciones que las viven y recurren a distintas formas de participación que reclaman su atención. En 2011, una parte de la ciudadanía salió a las plazas para decir que no se sentía representada. En 2026, las calles siguen siendo un espacio para hacer visibles las demandas, mientras las urnas ofrecen otra vía para expresarlas.

El próximo 29 de noviembre se renovarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 209 de los 269 del Senado. De la composición del nuevo Congreso dependerá también el proceso de investidura de quien encabezará el Gobierno. El desafío está en que la renovación permita procesar políticamente un reclamo que lleva quince años presente en la conversación pública.

Las democracias están a prueba constantemente, tanto cuando organizan elecciones como cuando tienen la oportunidad de demostrar que son capaces de escuchar y dar respuesta a aquello que es motivo de agravio.

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

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