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Derecho Animal en México; Discurso progresista, realidad regresiva

Derecho Animal en México; Discurso progresista, realidad regresiva

Entre la disertación de la sintiencia y la realidad del desamparo baila el insipiente “derecho animal” en México, evidenciando una profunda contradicción entre la aprobación de nuevos marcos normativos bajo la bandera del reconocimiento a esa calidad de los demás animales y una realidad legislativa y judicial con una visión profundamente antropocentrista, utilitarista y regresiva. Tres hechos recientes, aunque distintos en su escala pero unidos por una misma raíz estructural, desnudan las fallas de nuestro sistema jurídico. Ahí tenemos, en primer término, el amparo interpuesto por varias organizaciones ambientalistas (Greenpeace México, Comarino y el Centro para la Diversidad Biológica) tras la muy alarmante como preocupante reducción o desaceleración de las medidas de protección permanentes que requiere con extrema diligencia y eficacia el cuidado de la mexicanísima vaquita marina (Phocoena sinus)… recordemos… endemismo de una cada vez más reducida área del Golfo de California, “el acuario del mundo”; como segundo punto está el rescate, entiendo que la madrugada de ayer, de un poni con deformidades físicas ampliamente visibles y secuelas de desnutrición que era explotado por el itinerante Circo Osorio mientras se encontraba en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí y, asimismo, las varias delicadas omisiones conceptuales del proyecto para una Leyen materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los animalesque, requeteinsisto, desde su denominación anda mal puesto que el documento no fue diseñado para protegernos de los animales sino a los animales… de estas alimañas que somos los dizque racionales, y que se encuentra detenida en la Cámara de Diputados, al parecer bajo el dominio del morenista Ricardo Monreal… hasta donde me quedé, animalista… a pesar de que fuera aprobada por mayoría (menos uno, coincidentemente también morenista) en el Senado y enviada a ese órgano legislativo desde el pasado 30 de septiembre. Es una propuesta que ha venido siendo empujada por varias organizaciones de la sociedad civil experimentadas en EL TEMA, pero aún así requiere revisión pormenorizada. Aparte de lo que ya he venido señalado en anteriores colaboraciones, añado esta vez la marginación de la fauna liminal, siempre en el limbo jurídico y el que tampoco se haya incluido una estricta prohibición para la tenencia particular de cualquier especie de carnívoro silvestre. Eso sí, continúa con el histórico error de clasificar y tutelar a los animales no por su valor intrínseco sino de conformidad a la función zootécnica que se les impone, y bajo esa lógica utilitarista el nivel de protección jurídica seguirá dependiendo de la etiqueta económica que se les asigne. Otro punto que parece de chiste es que en su segundo artículo, o sea dentro de su glosario normativo, ni siquiera contemple qué deberá entenderse por “Cuidado” y qué por “Protección”, dejando tales conceptos al arbitrio de la interpretación administrativa o reglamentaria. Ligero detallito que se suma… una disculpa por la insistencia… a mezclar dentro del proyecto una reforma a la Ley General de Vida Silvestre por la cual quedaría derogado por entero el Capítulo TRATO DIGNO Y RESPETUOSO que antes que nada debemos a toda criatura. Punto. Pero es asunto que por lo visto pasará sin más cuestionamiento y no encuentro explicación para entender esa postura o cuál fue la necesidad para dejar pasar (sociedad civil, autoridades competentes y legisladores) tamaño retroceso, máxime cuando inclusive se conoce como LA FIGURA JURÍDICA por la que desde hace años la ProFePA puede asegurar y/o decomisar fauna silvestre en condiciones cuestionables (más allá de lo facultativo a los permisos administrativos), asunto sobre el cual, por cierto, esa dependencia actúa equivocadamente porque la decisión final sobre el destino de los individuos es competencia de la Dirección General de Vida Silvestre de su madre-Secretaría. Justo es así como las distorsiones se tornan en costumbre aunque se expresen en leyes y ya nadie capta los errores. De ahí mi obstinación en hacerle mejoras a la propuesta en comento antes de que se le otorgue la segunda luz verde. Ahora bien, respecto al amparo por la vaquita se trata de un litigio por el cual queda evidenciado que el Estado mexicano incumple obligaciones constitucionales y compromisos de carácter internacional tal como sería el Acuerdo de Escazú, al haber emitido resolución semejante como fue el “acuerdo” del pasado 14 de octubre publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin haber llevado a cabo la obligada consulta pública y cuando está siendo el gobierno el que recorta unilateralmente las medidas de tutela a una especie al borde de la extinción -disminuyendo su rango de protección para privilegiar conveniencias sociales, inercias económicas o administrativas e incluso abriendo un corredor de navegación en plena Zona de Tolerancia Cero- queda claro que la protección jurídica de la fauna está subordinada a la conveniencia e intereses meramente políticos. Y mientras en los tribunales federales se pelea por evitar una extinción (¿en todo esto qué pinta la secretaria @aliciabarcena?), en el ámbito doméstico es la sociedad civil (para el preciso caso la organización Seres Libres-Elizabeth Soto) quien suple la inacción de las autoridades frente a la crueldad cotidiana que sólo miran cuando se hace visible y virulenta en las redes sociales. Es por ello que el rescate del poni es un ejemplo nítido. Se dijo que ese circo tenía un elefante que por cuestiones comerciales y publicitarias llamaban DUMBO, y una cebra que a saber si ya la ProFePA los aseguró o si siquiera todavía viven y bajo qué condiciones, porque ha de saberse que la mentada ley de circos sólo impedía el manejo de la fauna en espectáculos pero los empresarios del ramo podían conservar a los animales mientras cumplieran con los requisitos para tal autorización, incluido un plan de manejo que es inútil porque la dependencia obligada a verificar su cumplimiento sólo reacciona bajo bomberazos virales y si acaso va por los animales termina enchufándolos con quienes se los reciban, no importando si quedan peor. A falta de instalaciones propias se encajan sobre cualquier UMA o PIMVS que se los acepte, todo, con tal de quedar bien con la autoridad que los debe inspeccionar, pero… siguiendo con lo del poni, no omito citar que se contó con el apoyo de instancias estatales como la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, aunque evidenciando que su instancia de inspección y vigilancia no opera de oficio como se tendría supuesto. Sin la presión ciudadana y el monitoreo constante del activismo la explotación de animales enfermos o lesionados continuará dándose y como así, normalizándose el maltrato. A falta de autoridad que ejerza su obligación con una aplicación efectiva de la ley, la ciudadanía termina haciendo costumbre ya sin mirar el daño. De ahí la importancia de crear legislación viable, eficiente y explícita sobre la realidad y ¡OJO!, porque los escenarios planteados encuentran su explicación de fondo en las deficiencias que contiene el proyecto de ley general. Lejos de significar un cambio de paradigma es un texto que nace con omisiones de origen y que por ello mismo, al menos a mi, me impide aplaudirla y menos calificarla bajo un rango de progresividad. No basta con inscribir el concepto de “sintiencia” en la legislación madre ni aprobar leyes generales repletas de retórica vanguardista, si las definiciones fundamentales están ausentes y las categorías legales continúan dictadas por la utilidad humana. Igualmente, mientras el Estado tome medidas por “decreto” y los colectivos animalistas tengan que rescatar criaturas abusadas hasta de madrugada… mientras la fauna liminal permanezca invisible a ojos de propios y extraños a la materia, el derecho animal seguirá siendo para México un materia en deuda. Una promesa incumplida.

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