México tiene, desde 2017, un récord de cuatro años consecutivos con más de 80 mil defunciones accidentales y violentas en cada uno de ellos. En efecto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2017 se contabilizaron 80,400 casos; en el 2018 el conteo fue de 83,849; en el 2019 de 83,882; mientras que en el 2020 la cifra fue de 82,660 personas que perdieron la vida por alguna de las causas que se incluyen en la citada categoría.

En suma, entre el 2017 y el 2020, en México se han registrado 330,691 decesos por causas accidentales y violentas: 142,204 víctimas de homicidio intencional; 136,700 por accidentes; 28,448 por suicidio; mientras que en 22,973 casos se ignora la causa específica de la defunción, aunque responde a la categoría de lo que se denomina como “causas externas de mortalidad”.

Debe destacarse que, en el 2020, hubo cinco entidades con más de mil víctimas por homicidio doloso en cada una de ellas: Veracruz, con 1,142, Zacatecas, 1,226; Ciudad de México, 1,334; Guerrero, 1,457, y Sonora, con 1,563. Y más preocupante aún, seis entidades más con más de dos mil víctimas cada una de ellas: Jalisco, con 2,162; Michoacán, 2,375; Baja California, 2,926; Estado de México, 3,061; Chihuahua, 3,452; y Guanajuato, con 5,083.

Por otro lado, también hubo 13 entidades con más de mil defunciones por accidentes en cada una de ellas, destacando, sobre todo: Estado de México, con 2,762; Jalisco, 2,357; Guanajuato, 1,795; Veracruz, 1,759; Baja California, 1,613; Chihuahua, 1,518 y Michoacán, 1,458.

El análisis de los datos revela además que hay una correlación significativa entre ambas variables (con un coeficiente de .755), lo cual, con la salvedad de análisis mucho más robustos, sugiere que no son fenómenos independientes.

Es importante destacar además, que el INEGI reporta desde el 2019, una categoría que generalmente pasa desapercibida de los análisis. Se trata de las llamadas defunciones accidentales y violentas de intención no determinada, las cuales, debido a la deficiencia de la información asentada en los certificados de defunción, no es posible clasificar como presuntos accidentes, homicidios o suicidios.

El INEGI estimó, para 2020, en 5,573 personas fallecidas por alguna causa accidental o violenta del tipo señalado. La mayoría se concentraron en: Estado de México, con 1,221 casos (21.9% del total); Ciudad de México, con 1,077 (19.3%); Jalisco, con 653 (11.7%); Puebla, con 395 (7.1%) Veracruz, 304 (5.5%); Guanajuato con 290 (5.2); Michoacán, 276 (5%); y Baja California, 240 casos (4.3% del total).

Destaca además que, del total de los eventos de intención no determinada, hubo 713 en los que la víctima falleció por lesiones de arma blanca o arma de fuego. De ellos, 159 fallecieron la vida en el Estado de México; 128 en la Ciudad de México; 75 en Jalisco; 68 en Michoacán; 56 en Baja California; 51 en Puebla; 35 en Veracruz y 23 en Guanajuato.

Finalmente, destaca el hecho de que, de este tipo de eventos, los más recurrentes fueron, en el 2020, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con el 14.8% del total (780 casos); y 12.8% por contacto con arma blanca o disparo de arma de fuego (713 casos).

Como se observa, estos datos podrían modificar de manera significativa las estadísticas sobre homicidio en el país; pues, en un ejercicio especulativo, podría plantearse que la mitad de estos eventos podrían ser intencionales; si así fuese, habría alrededor de 746 casos de homicidio adicionales a los 36,773 casos registrados en el 2020.

La política de prevención del delito y en general, de seguridad ciudadana, no puede obviar u omitir estos datos; pero lo más preocupante de todo es que en los estados y municipios, poco se habla de estos temas, y poco se ofrece en términos de políticas integrales que nos permitan salir, lo antes posible, de la siniestra ola de violencia en la que hemos estado atrapados como país desde hace ya más de 12 años.