El gobierno quiere acabar con la transparencia en la información pública. Como no pueden extinguir al INAI, que es un organismo constitucional, lo ha paralizado al impedir que tenga los comisionados necesarios para que su Pleno sesione y tome decisiones. La información sobre contrataciones de obras y el ejercicio del gasto público, entre otros asuntos, queda encubierta por la secrecía que impone el presidente, aunque se ufana de lo contrario.

En 19 años, desde junio 2003 y hasta septiembre de 2022, la autoridad federal en materia de transparencia recibió más de dos millones (exactamente 2 millones 72 mil 529) solicitudes de información pública y de datos personales. Tan sólo en el último de esos años, fueron casi 378 mil.

Esas cifras, tomadas de su Informe de labores 2022, dan cuenta del enorme trabajo que debe realizar el INAI (antes el IFAI) y de la utilidad que sus tareas tienen para los ciudadanos. De esas más de dos millones, el 82% fueron solicitudes de información pública y el 18%, de datos personales.

La gente solicita información de toda índole. Muchos ciudadanos requieren copias de sentencias judiciales. Otros, acuden a instituciones de salud pública para que les entreguen sus expedientes médicos. De las solicitudes de datos personales, el 55% (algo más de 313 mil de un total de 566 mil en números redondos) han sido presentadas ante el IMSS.

Varias de las investigaciones periodísticas más importantes en el México del siglo actual, se han apoyado en información recabada a través de los canales de transparencia. La Estafa Maestra, por ejemplo, que fue el mecanismo empleado por el anterior gobierno federal para asignar contratos a empresas fantasma, no hubiera podido documentarse sin la legislación y las instituciones en materia de transparencia.

La información gestionada a través del INAI es esencial en la democracia mexicana. Una de las grandes conquistas de la sociedad, hace ya dos décadas, fue el reconocimiento del derecho que tenemos a conocer la información de los asuntos públicos. A esa responsabilidad del organismo de transparencia, se añadió después la salvaguarda de los datos personales.

Las decisiones del INAI, entre ellas las sentencias que formula cuando una dependencia o institución del Estado se niega a entregar información que debe ser pública, las toma el Pleno de sus comisionados. Aunque son 7 y con 4 harían mayoría, la Ley indica que el Pleno sólo puede sesionar con la presencia de al menos cinco de ellos.

A comienzos de marzo, con retraso de casi un año, el Senado designó a dos comisionados para el INAI. Una de ellos, Ana Yadira Alarcón Márquez, tiene experiencia en temas jurídicos y de transparencia y alcanzó una de las mejores calificaciones en la evaluación que, por encargo del Senado, hizo un comité con representantes de instituciones académicas y sociales. El otro, Rafael Luna Alviso, no ha trabajado en esos campos y su calificación fue la segunda más baja entre 48 aspirantes evaluados, pero fue designado gracias a su cercanía con el senador Ricardo Monreal.

El presidente López Obrador, que tiene esa facultad, vetó ambos nombramientos. En vez de hacer otras designaciones, el Senado ha tomado este asunto con inexcusable parsimonia. Por otra parte, el 31 de marzo concluyó la gestión de Francisco Javier Acuña y el Instituto se quedó únicamente con cuatro comisionados.

Ahora, aunque ya se suponía, sabemos a qué se debe esa tardanza. En una reunión con senadores de Morena el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que, desde el punto de vista del gobierno, en el INAI “lo que más nos conviene es que haya un periodo de impasse”. Para el presidente López Obrador, de acuerdo con el secretario, ese es “el mundo ideal”.

Esa grabación difundida por Carlos Loret de Mola hizo evidente que el gobierno quiere paralizar al INAI. Los denuestos y falsedades contra ese Instituto, son la cobertura retórica de la decisión para arrebatarle a la sociedad el derecho a la transparencia en la información de los asuntos públicos.

El gobierno ha ocultado información esencial acerca del ejercicio de recursos públicos con demoras burocráticas y decretos ilegales. Ahora busca inmovilizar al INAI impidiendo que funcione con todos sus comisionados, como indica la Constitución. El Pleno del Instituto, antes de quedar inhabilitado, aprobó el 15 de marzo una demanda de controversia constitucional para que la Corte instruya al Senado a fin de que haga las dos designaciones (ahora son tres) que están pendientes. Mientras tanto, el trabajo se acumula en el INAI. Animal Político informa que hay 2 mil 133 recursos de revisión sobre los cuales el Instituto no puede resolver.

El afán para concentrar y, cada vez que le convenga, ocultar información relevante, lo manifiesta el presidente, también, en la decisión para acabar con Notimex. Esa agencia de noticias, dice, no hace falta porque “tenemos la mañanera”.

El presidente cree que Notimex sólo existe para ensalzar la imagen presidencial. Eso es lo que intenta hacer, con rendimientos decrecientes, en los sermones que prodiga a diario en Palacio Nacional. Una agencia de noticias de Estado, como en sus mejores épocas logró ser Notimex, informa con pluralidad y profesionalismo, sin dedicarse a difundir la versión del gobierno.

Notimex nació en 1968 y ha tenido una historia de contraluces, a veces dirigida por periodistas con quienes el equipo profesional de esa agencia ha tenido libertad para hacer información de calidad y, en otras, con restricciones políticas y financieras.

El despido de 241 trabajadores condujo a una larga y esforzada huelga que lleva más de tres años. Sanjuana Martínez, que alguna vez fue periodista, se dedicó a demoler a la agencia e, independientemente de las responsabilidades legales que pueda tener, será recordada como la directora que acabó con Notimex.

En estos tiempos de información globalizada y plural, es discutible la existencia de agencias de Estado. En todo caso hoy es indispensable que, si Notimex desaparece, todos sus trabajadores reciban las indemnizaciones legales a las que tienen derecho.