Sociedad y Poder 

De la desesperación a la exasperación, el oficialismo transgrede leyes, presiona a los ciudadanos y pierde cualquier recato con tal de nutrir las urnas del domingo 10 de abril. La que debiera ser una consulta ciudadana, para que los mexicanos definan si quieren revocar el mandato del presidente de la República, se ha convertido en una competencia entre la autopromoción del gobierno y la áspera, compleja realidad de un país dividido y confundido.

La distancia legalmente obligatoria y políticamente recomendable que debiera existir entre el gobierno y su partido, se ha desvanecido ante las exigencias del presidente para movilizar todos los recursos, y todas las decisiones, con tal de apuntalar la participación en la consulta. Morena es y actúa como un partido de Estado. Docenas de funcionarios de primer nivel, abandonan sus tareas para hacer proselitismo a favor del presidente.

El empleo de recursos públicos para respaldar la postura oficial en esa consulta llega a niveles de escándalo. Morena y López Obrador se comportan con una desvergüenza que jamás se conoció en los peores tiempos de la abusiva hegemonía del PRI.

La consulta de revocación de mandato no es, al menos en esta ocasión, un recurso de la sociedad para librarse de un mal gobernante sino una coartada del gobierno para ofuscar a los ciudadanos, debilitar la discusión sobre los auténticos problemas del país y ufanarse de una legitimidad que resulta cada vez más endeble.

La consulta es un ardid de López Obrador en el que, ahora, él mismo se encuentra atrapado. Cuando forzaron su aprobación, con la despistada complacencia de casi toda las oposiciones, el presidente y Morena confiaban en que a estas alturas del sexenio las grandes obras del gobierno, la política social y la marcha de la economía, se conjugarían para suscitar un respaldo social amplio.

Pero cada vez resulta más claro que las grandes y costosas obras de esta administración son contraproducentes. El aeropuerto Felipe Ángeles es una terminal aérea ineficaz y desairada. El Tren Maya devasta zonas fundamentales de la selva. Según la CEPAL, entre 2018 y 2020 en México la pobreza extrema aumentó del 7.7 al 9.2% de la población y la pobreza total, del 35.5 al 37.4%.

El 56% de los ciudadanos considera que el país va por un rumbo equivocado, de acuerdo con la encuesta nacional GEA-ISA. Sólo 36% cree que el rumbo es correcto. Cuando les preguntan qué opinión tienen de Andrés Manuel López Obrador “como persona”, 58% expresa una apreciación favorable (en diciembre de 2018 esa opinión era del 71%). Actualmente el 39% responde que su valoración es desfavorable. Pero cuando opinan sobre AMLO como gobernante, los ciudadanos son más críticos. El 51% desaprueba el desempeño del presidente. El 45% dice que lo aprueba.

El respaldo que tenía cuando llegó al gobierno se ha deteriorado y López Obrador lo sabe, aunque en cada tema se ufana de tener otros datos. Por eso su intolerancia aumenta. No es un político con experiencia, ni con el temple suficiente, para manejar situaciones de crisis. A las circunstancias adversas, primero las niega y luego culpa de ellas a otros. En la ya larga temporada de contratiempos que han agobiado al país en los años recientes, AMLO ha acumulado una larguísima retahíla de difamaciones, insultos y descalificaciones contra los que considera sus adversarios. Tales denostaciones entretienen a sus partidarios y nutren los coros de propagandistas, pero están alcanzando rendimientos decrecientes.

El presidente quería que de la consulta de revocación surgiera un fragoroso clamor en reconocimiento a su gobierno. Pero no será un referéndum en donde se diriman la aceptación o el rechazo a su gestión, sino simplemente una prueba de su capacidad para llevar ciudadanos a una votación. No habrá en lo fundamental una asistencia espontánea sino, sobre todo, el resultado de una impúdica operación de Estado.

En todo el país, funcionarios del gobierno se confunden con dirigentes de Morena para ensalzar al presidente y llamar a respaldarlo en esa consulta. El sábado 2 de abril —es un solo ejemplo, si bien uno de los más notorios— Mario Delgado, presidente de Morena, encabezó una “Asamblea Informativa sobre la Revocación de Mandato” en un centro de convenciones de Torreón. Allí estaban, delante de centenares de personas, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía y el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

El secretario de Gobernación reconoció que el Instituto Nacional Electoral podría sancionarlo por hacer campaña para favorecer la votación en la consulta de revocación, pero se burló de esas posibles consecuencias. Mejía, solicitó licencia para involucrarse en esa tarea de propaganda descuidando sus obligaciones con la seguridad en el país. Rodríguez Bucio iba con su uniforme de la Guardia Nacional y saludó, complaciente, cuando Delgado lo presentó.

La participación de las Fuerzas Armadas, y antes que nada de sus principales jefes, ha pasado de la vigilancia del orden público a tareas económicas y sociales y, ahora, a la intervención en asuntos políticos. Apenas el 30 de marzo, el diario francés Le Figaro publicó una nota de su corresponsal Quentin Duval titulada “En México, el ejército cada vez ocupa más espacio”. Allí se dice: “Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador ha seguido encomendando cada vez más misiones relacionadas con la seguridad civil a los militares. Esta relación privilegiada entre el jefe del Ejecutivo y el Estado Mayor despierta críticas y hace temer una deriva autoritaria en un país con frágiles instituciones democráticas”.

La politización y la creciente influencia de las fuerzas armadas es una de las consecuencias más aciagas de la llamada 4T. La democracia, es contradictoria con la militarización.

López Obrador quiere proclamar que el pueblo lo ratificó en la consulta de revocación. Pero si la participación es baja, hará una sonora pataleta política. A la deriva autoritaria la podemos rechazar ausentándonos de las urnas el domingo próximo.