En el Senado de la República, su presidenta y el coordinador de la mayoría morenista presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de crear una Coordinación Nacional Antihomicidios y Antifeminicidios.

En palabras de la Ministra en Retiro, Sánchez Cordero, “la instancia (órgano desconcentrado que se pretende crear) tiene como principal objetivo disminuir consistentemente la existencia de homicidios y feminicidios, además busca que se integren los esfuerzos de la Sociedad Civil Organizada” y el “órgano se encargará de elaborar, dar seguimiento y modificar una estrategia nacional para combatir homicidios dolosos y feminicidios; propiciar una mejor coordinación en los esfuerzos interinstitucionales entre los tres ámbitos de gobierno” (La Cronica de Hoy, 18-01-22).

Esta iniciativa pretende replicar el modelo de la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) que está en proceso de reforma para convertirse en la Coordinación Nacional Antisecuestros y Delitos de Alto Impacto, conforme al proyecto que en octubre fue presentado a revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) (Milenio, 25-10-21).

El CONASE, desde su creación en 2014, bajo la dirección de Renato Sales, integró una red de 32 Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, una en cada entidad federativa, que es la base para que haya disminuido la comisión de este delito y se hayan desarticulado bandas dedicadas al mismo con éxito en los últimos 7 años.

En este sentido, la iniciativa pareciera ir en contrasentido a la estrategia presidencial que ha planteado la coordinación en la materia de seguridad pública como un asunto de las altas esferas de los gobiernos Federal y estatales, lo que se refleja en la reunión diaria con el gabinete de seguridad y la nueva etapa de reuniones del gabinete de seguridad con las 32 entidades federativas inaugurada el 21 de julio del 2021 y la aversión presidencial de crear órganos desconcentrados con autonomía técnica-operativa que ha manifestado en repetidas ocasiones en su mañanera como dio cuenta en su momento Animal Político (19-06-20).

También la iniciativa es un reconocimiento de los morenistas en el Senado que la estrategia para disminuir los homicidios y feminicidios en los últimos años no ha sido efectiva, ni suficiente. Las cifras varían marginalmente y, lamentablemente, todavía no hay evidencia que demuestre que este mal social ha sido superado. Esto independientemente de los retos al Estado Mexicano como son las ejecuciones recientes en Zacatecas.

La creación de una comisión nacional paralela al CONASE, en lugar del fortalecimiento de la misma, que es la intención del proyecto en revisión en la CONAMER, demuestra que hay desarticulación entre la exsecretaria de gobernación y el actual secretario Adán Augusto López (la prensa no ha reportado ninguna acción conjunta sobre el tema entre el Senado y el gobierno).

Además, tal y como sucede con el tema de la legalización de la mariguana, la propuesta de crear una instancia distinta separada de la COFEPRIS para supervisar la producción, distribución y comercialización del cannabis no es muy afortunada, toda vez que implica la duplicidad orgánica para la realización de funciones similares. Esto se agrava en la materia de combate a los homicidios y feminicidios porque se tendrían que instalar 32 unidades especializada en las entidades federativas paralelas a las existentes vinculadas con el delito de secuestro que tomaría uno o dos años para funcionar plenamente. En las circunstancias actuales el tiempo apremia.

¿Será un jalón de orejas desde el Senado de la República al presidente por su estrategia de convocar todos los días a su gabinete de seguridad? ¿Olga Sánchez Cordero, que acudió en las madrugadas a esas reuniones de seguridad, tendrá una visión distinta sobre la eficacia de este tipo de coordinación en materia de seguridad en las altas esferas? ¿Por qué y para qué la iniciativa en un momento en que en Zacatecas, tierra de Montreal, se intensificó la actividad de los grupos criminales y se abandonó a diez cadáveres frente al Palacio de Gobierno?

Muchas preguntas que resolver dentro del proceso de sucesión presidencial adelantada en el que pareciera que hay una alianza entre la ministra en retiro y el precandidato de Morena no incluido en la lista del presidente López Obrador. Mientras esto sucede, el gobierno todavía queda a deber en materia de seguridad pública, que es uno de los problemas más agobiantes para la población, según las cifras de las encuestas del INEGI.