Radio y televisión libres garantizan libertad de expresión
Finalmente, el pasado 29 de agosto la Suprema Corte de Justicia de México resolvió la inconstitucionalidad de las reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de octubre de 2017, en materia de Derechos de las Audiencias. La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) se pronunció respecto a esta resolución.
Un hombre viendo la televisión
Al organismo le preocupa, sin embargo, que este fallo del máximo tribunal mexicano signifique en algún momento un retroceso a derechos fundamentales como son la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, abriendo la posibilidad de que, mediante cambios al marco legal impulsados a través del Congreso, el Estado mexicano ejerza presión sobre la forma en que se transmite la información noticiosa por parte de periodistas y comunicadores de la radio y la televisión, bajo el pretexto de la “defensa de las audiencias” y la imposición de códigos de ética y defensores de las audiencias.
En su 48 Asamblea General, celebrada en Washington, la AIR estableció que “la diferenciación entre información noticiosa y opinión puede ser de muy subjetiva apreciación, toda vez que no existen parámetros ni precedentes internacionales a medidas semejantes, lo cual, con gran facilidad, puede llevar a la radiodifusión mexicana a incurrir, de buena fe, en inobservancia de la regulación ” y que “existe el peligro de un acto de censura que atenta directamente contra el derecho a la libre información que tiene la sociedad mexicana al imponer un mecanismo de vigilancia estatal”.
No sólo ello, también destacó que las desproporcionadas sanciones por eventuales incumplimientos se convierten en elementos adicionales que constituyen una amenaza en contra de la labor periodística y de la comunicación en el país, con el consiguiente riesgo de implantar un régimen de censura previa y de autocensura que está prohibida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros Tratados Internacionales.
La AIR exhortó, por lo tanto, a la autoridades mexicanas y al Congreso de ese país a que las modificaciones legislativas que se promuevan garanticen la operación de las emisoras de radio y televisión mexicanas en sus labores informativas sin ningún tipo de medida que atente contra la libertad del ejercicio periodístico y privilegiando la autorregulación.
Imagine usted, por ejemplo, que la libertad de la que ahora gozamos desde el presidente de la República hasta cualquier ciudadano con acceso a estos medios para expresar sus ideas, tuviera que sujetarse a estas medidas que buscan controlar la libertad de expresión. No me imagino - por supuesto que no - al presidente López Obrador gobernando a un país en el que tengamos - por obligación - que diferenciar entre opiniones y noticias pero con un claro sesgo. ¿Impensable verdad?
Además, la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica La Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) expresó su más elevada preocupación por la resolución adoptada en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, al permitir que en el marco legal mexicano se consoliden disposiciones que vulneran la libertad de expresión, particularmente en los programas de noticias que se difunden por radio y televisión.
Como resultado de la decisión adoptada por la Corte mexicana, existe el grave riesgo de que los conductores, periodistas, reporteros o cualquier otra persona que intervenga en un programa de noticias, esté obligada a diferenciar entre información y opinión de manera continua e ininterrumpida, una exigencia legal que va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de los criterios o principios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido claramente que «cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente».
La banca y el compromiso frente a sus clientes
Mario Di Constanzo ha sido funcionario público, legislador y antes de todo ello, un activista que entiende de temas financieros y económicos, áreas que muchos legisladores ni quieren ni les interesa escuchar. Di Constanzo también ha sido - muchas veces - intérprete para legisladores y asesor parlamentario. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Di Constanzo fue nombrado por Luis Videgaray como responsable de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF). El nombramiento sorprendió en su momento porque los grupos políticos de los que provenían ambos eran claramente antagónicos.
Antes, Di Constanzo fue secretario de Hacienda del gobierno legítimo del presidente López Obrador, cuando Rogelio Ramírez de la O, decidió que no acompañaría al ahora mandatario del país en esa etapa de resistencia. Como parte de ese gobierno legítimo, Mario Di Constanzo se atrevió a manifestar sus puntos de vista frente a López Obrador. El desencuentro no se hizo esperar y la distancia con el gobierno del presidente es evidente a pesar de que ambos compartieron una causa: el Fobrapoa. Ahora, con el gobierno de la Cuarta Transformación, Di Constanzo quedó al margen de las entidades del gobierno federal que vigilan al sector financiero y que protegen a los usuarios. Quedó al margen del gobierno completo. Ahora, desde la sociedad civil, pero sin abandonar sus actividades como asesor de legisladores, Di Constanzo se ha dado a la tarea de escuchar a un grupo de personas que denunciaron cómo su patrimonio habría sido vulnerado por delincuentes que han usado los sistemas del banco Citibanamex. El banco, mientras tanto, tendrá también que escuchar a sus clientes y apoyarlos para encontrar la mejor solución. Los usuarios del sistema bancario merecemos ser escuchados, atendidos, capacitados para protegernos, no merecemos que partidos políticos capitalicen estas causas. Sería muy triste que esta causa terminara siendo aprovechada por un partido político. Sé que Citibanamex está al pendiente de sus clientes, que está buscando resolver este episodio de la mejor manera. ¿En serio Di Constanzo quiere usar a los clientes de Banamex para beneficiar a un partido político ? ¿En serio los clientes de Banamex optarán por este camino y no por una ruta directa con la institución? No debería de ser así. El propio Di Constanzo le ha dicho a los clientes de Banamex que se acerquen a la CONDUSEF. También prefiere concentrarse en los casos de Banamex y no atender los de otros banco. Interesante. Yo diría a los afectados de problemas en sus operaciones de cualquier banco que se acerquen a su institución, que se acerquen a la Condusef, porque después de la pandemia entregamos información a muchos proveedores de bienes y servicios; cambiamos nuestros hábitos, bajamos la guardia y hoy los delincuentes acechan. El mismo Mario Di Constanzo me ha dicho que las telecomunicaciones son otro frente que deberían vigilar las autoridades, no sólo las de la CNBV, sino también del Banco de México y, por supuesto, el IFT. ¿No son estos temas más importantes que los políticos?
@Lavillegas1