El coordinador del PRD en el Senado, Jesús Ortega Martínez, pidió la comparecencia de los vocales del IPAB para que expresen si existe la posibilidad y la intención de lograr un acuerdo para que los bancos se desistan de los amparos para evitar ser auditados y se puedan realizar nuevas auditorías a la cartera vendida al Fobaproa.
Por su parte, el diputado panista Francisco Guadarrama López dijo que si el Presidente de la República encontró yerros en la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación al respecto —al iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, debe ventilarlos ante el Poder Legislativo o entregarlos al auditor Arturo González de Aragón.
En declaraciones por separado, Infante González y Guadarrama López, miembros de la Comisión de Vigilancia de la ASF, se refirieron a la controversia constitucional 36/2003, mediante la cual el Ejecutivo demanda a la Corte suspender las recomendaciones hechas por la ASF al IPAB de evitar la cobertura total de pagarés a Banamex, hasta que se le audite con otros tres bancos.
Infante González consideró “delicadísimo que el Presidente de la República quiera inhibir la labor de la ASF, cuyas obligaciones y responsabilidades están previstas en la Constitución y en la Ley de Fiscalización”. Sin embargo, confió en que el ministro Genaro Góngora Pimentel, responsable de elaborar la tesis resolutiva de la controversia interpuesta por el Ejecutivo Federal, procederá con similares argumentos jurídicos que el ministro Juventino Castro adujo para negar la suspensión provisional en el primer caso demandado por el presidente Fox, éste relacionado con los cuatro bancos cuestionados por la ASF.
Para Infante González “hay gato encerrado en la insistencia de Vicente Fox por defender, ahora, a uno de los cuatro bancos involucrados en las observaciones hechas al rescate bancario. Y no hay de otra: o son intereses personales del Presidente o de sus amigos y, en este caso, de Roberto Hernández, quien como dueño de Banamex inyectó recursos a la campaña foxista”.
Incluso, dijo, Hernández prestó una residencia de las Lomas de Chapultepec al entonces candidato Vicente Fox Quesada, que la utilizó como cuartel de campaña y, ahora, la ocupan Lino Korrodi y el ex canciller Jorge G. Castañeda como oficina privada.
Por eso, precisó el diputado priista que, “Vicente Fox se convierte en cómplice del Fobaproa; en Los Pinos no midieron las consecuencias de una controversia de esta envergadura; quizás lo asesoraron mal, porque el Ejecutivo trata de limitar las facultades legales y constitucionales de la Auditoría”.
A su vez, Guadarrama López comentó que “si la ASF ya determinó que hay cartera que no debe ser incluida en los pagarés, lo procedente es que haya un diálogo, en el que intervenga la Secretaría de Hacienda y, así, se eviten las fricciones con el Ejecutivo.
KPMG faltó a su independencia: Mackey
[Lizbeth Pasillas]
El auditor canadiense Michael Mackey señaló que la firma KPMG careció de independencia en diciembre de 1995, pues la firma era asesora externa del banco y al mismo tiempo fue la responsable de auditar el primer portafolio de cartera que vendió al Fobaproa.
Igualmente, señala el Bank Report de esta institución, fue también quien revisó la forma en que Banamex estructuró su capitalización en el marco del programa de compra de cartera.
El reporte señala que “de cualquier manera, existe al menos la apariencia de una falta de independencia en los auditores en este acuerdo”.
Explica que “al ser KPMG los auditores del banco, parecía inapropiado que hubieran sido involucrados en la valoración de la calidad del primer portafolio de préstamos para cumplir con la valoración de la CNBV”.
El resultado de su auditoría indicaba, dice, una falta de reservas en el primer fideicomiso por 340 millones de pesos, de acuerdo con las clasificaciones de la CNBV.
La revisión del fideicomiso por Fobaproa y el banco determinaron una potencial falta de reservas por 990 millones de pesos, basado en su modelo de precios y no en el de la CNBV.
Fuentes consultadas señalaron que KPMG debió informar de que Banamex era su cliente a la autoridad.
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