El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que su administración no autorizará concesiones que perjudiquen el interés público, al referirse al conflicto por el relleno sanitario de San Pedro Cholula, cuya operación ha provocado protestas de pueblos originarios y colectivos de la región por la preocupación de una posible contaminación de los pozos de agua.
Durante una conferencia, el mandatario señaló que la concesión del sitio fue otorgada en 2015, durante un gobierno anterior, y sostuvo que no se trata de un proyecto aprobado por su administración. También cuestionó que la instalación opere como relleno sanitario, pues consideró que este modelo es distinto al de los centros de transformación de residuos que se buscan impulsar a nivel federal, donde se pretende aprovechar los desechos, generar energía y evitar que la basura termine enterrada.
Armenta afirmó que su gobierno evitará autorizar proyectos que comprometan los recursos públicos, y recordó que Puebla todavía enfrenta pagos derivados de obras concesionadas por administraciones pasadas, entre ellas el museo, la rueda, las plataformas y los teleféricos. Indicó que estas decisiones dejaron una deuda de 60 mil millones de pesos y adelantó que el próximo año deberán cubrirse alrededor de 700 millones de pesos correspondientes a las plataformas y al C5.
Acuerdan liberar un carril de la carretera México-Puebla
En paralelo a las declaraciones del gobernador, autoridades estatales y municipales avanzaron en las negociaciones con representantes de los Pueblos Originarios para atender el conflicto por el relleno sanitario. Como resultado de las mesas de diálogo realizadas durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre, se acordó liberar un carril de la carretera federal México-Puebla, con la expectativa de restablecer por completo la circulación en las siguientes horas.
La alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, informó sobre el acuerdo mediante un comunicado, en el que señaló que las conversaciones permitieron destrabar parcialmente el bloqueo que afectaba el tránsito de vehículos y a las comunidades de la zona.
Las protestas han sido encabezadas por pueblos originarios, colectivos y la Unión de Pueblos Cholultecas, que exigen el cierre definitivo del relleno sanitario, el retiro de maquinaria y un plan integral de remediación. Entre sus principales preocupaciones se encuentra la posible contaminación de los pozos de agua de la región, motivo por el que también han realizado bloqueos en vialidades como la carretera federal a Huejotzingo.
Gobierno se compromete a rehabilitar el sitio y retirar maquinaria
Como parte de los acuerdos, se firmó una minuta en la que el gobierno municipal, con apoyo de la administración estatal, asumió la responsabilidad de rellenar el socavón ubicado en el lugar. Los trabajos se realizarán con maquinaria y jornadas de ocho horas, con una fecha estimada de conclusión para el 21 de marzo de 2027.
Asimismo, el gobierno estatal continuará con la extracción de lixiviados y posteriormente realizará la rehabilitación de la laguna, conforme al calendario establecido y a los dictámenes de las autoridades competentes.
Otro de los compromisos consiste en desmantelar la maquinaria utilizada para el tratamiento de residuos sólidos, proceso para el que se fijó un plazo estimado de 10 semanas y que contará con la participación de especialistas.
Los gobiernos municipal y estatal se comprometieron a garantizar el cumplimiento de los trabajos y aportar los recursos económicos necesarios. Por su parte, la empresa manifestó su disposición para participar en la ejecución de las acciones acordadas.