Otorgan primer amparo contra la ley de ciencia
El primer amparo fue otorgado a un investigador de Ensenada · También llega acción de inconstitucionalidad a la SCJN, promovida por senadores
Política de ciencia
Mientras las acciones legales siguen su curso, el nuevo Conhacyt agregó la “h” a sus oficinas y centros de investigación.
Tras la promoción de diversos amparos de investigadores contra cambios por la ley de ciencia, realizados por organizaciones civiles y de activismo legal, el pasado 2 de junio un juez admitió el primero, con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California. Ante la resolución, la organización sigue alentando a que más científicas y académicos sigan promoviendo sus amparos.
En un comunicado dirigido a la comunidad científica, estas organizaciones y otras que se han sumado a la iniciativa, externa los detalles del recurso legal impulsado contra los cambios establecidos por la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, las reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de Planeación, que afectan principalmente a académicos de los Centros Públicos de Investigación (CPI) de los diferentes estados del país.
Así, el pasado 2 de junio, “se admitió el primer amparo en la ciudad de Ensenada, Baja California, con el número de expediente 712/2023, en el Juzgado Octavo de Distrito en el estado”, refiere el comunicado firmado por el abogado Joan Ochoa Sada, quien anteriormente ofreció detalles a “Crónica” sobre el desarrollo de los amparos promovidos por Uniendo Caminos y Ciencia Plural Mx.
Científicos alistan amparos contra ley de ciencia de Conahcyt
Adicionalmente, señala que próximos a la Audiencia Incidental para la Suspensión Definitiva, “invitamos a la comunidad científica a ejercer su derecho legítimo contra esta nueva ley, que ha generado disgusto por la mayoría de la comunidad científica”.
En días pasados, Ochoa Sada –vocero de Uniendo Caminos– recordó que los amparos de los científicos son contra el detrimento de su libertad de investigación y otras afectaciones de la nueva ley.
La estrategia legal que llevan a cabo, añadió, consiste en trabajar con grupos colectivos para generar amparos, con lo cual buscan mostrar a la ciudadanía su efectividad ante una violación a los derechos humanos. Estos grupos se conforman por 10 personas miembros de la comunidad científica, pertenecientes a instituciones públicas y privadas, quienes representan un amparo.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Por otra parte, senadores de distintos grupos parlamentarios enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera acción para promover la inconstitucionalidad de la ley de ciencia.
En un documento con acuse de recibo y fecha del 6 de junio, se lee Asunto: Demanda de inconstitucionalidad, promovida por el treinta y tres por ciento de los Senadores de la República.
“Acto impugnado: Se presenta escrito inicial de demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, el cual fue publicado el 8 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación”.
Acuse de recibo de la SCJN.
Esta acción llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para unirse a las acciones ya presentadas por diversas violaciones al proceso legislativo llevadas a cabo por los grupos parlamentarios mayoritarios de las cámaras de diputados y senadores en abril pasado.
El pasado 3 de junio, diputados del PRI, PAN y PRD presentaron seis acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a las Leyes Orgánica de la Administración Pública, General de Bienes Nacionales, de Derechos y de Turismo, de Aeropuertos y Aviación Civil, reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la de la Administración Pública, “por presentar violaciones y vicios en el proceso legislativo”.
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