Senadores, la directora de Conacyt debe responder a estos puntos...: ProCiencia
Álvarez-Buylla acude este miércoles al recinto legislativo a una comparecencia-reunión de trabajo con la Comisión de Ciencia y Tecnología · La red de científicos recuerda que se necesitan explicaciones en los temas de la Ley General, financiamiento y cambios en el SNI
política científica
La comunidad del CIDE se reunió en meses pasados con Senadores para exponer el agravio de su dirección y la de Conacyt a su institucuón.
Ante la comparecencia (“reunión de trabajo”) de la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, que se llevaría a cabo este 25 de mayo ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la red de científicos ProCiencia expuso tres puntos nodales que los legisladores deberán tener en cuenta de acuerdo a la organización.
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Estos tres, que se subdividen en varios más, forman parte de una carta que la organización nacional de científicos e investigadoras de diferentes instituciones y disciplinas hizo pública este martes.
Después de varios intentos, a finales de abril, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, presidida por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, aprobó un dictamen por el que se convocó a una reunión de trabajo a Álvarez-Buylla, y que tuvo como antecedente inmediato la solicitud de otros legisladores para solicitar a la directora de Conacyt esclarecer el cisma por el que atraviesa el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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La “reunión de trabajo” se llevaría finalmente a cabo este miércoles para establecer un “diálogo abierto y fructífero respecto a los asuntos en los que los legisladores han manifestado sus preocupaciones sobre la dirección de Conacyt”, informó la comisión.
Este tipo de “preocupaciones”, como las externadas por Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, convergen con las expuestas por ProCiencia, que se centra en los siguientes tres grandes puntos:
Las “deficiencias” del proyecto de Ley General de Ciencia y Tecnología, la caída en el financiamiento del sector y eliminación de fideicomisos, y las modificaciones a los reglamentos y evaluaciones del Sistema Nacional de Investigadores.
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Entre las cuentas que debe dar la entidad gubernamental y su directora, ProCiencia las engloba en la siguiente pregunta: “¿Cómo es que una institución federal que es cabeza nacional de sector procede tan frecuentemente al margen de la ley y de la Constitución?”.
FINANCIAMIENTO.
Desde marzo, la versión del proyecto de Ley General de Ciencia y Tecnología de Conacyt fue hecha pública a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que para un sector de la comunidad científica –aunque ningún otro se ha pronunciado a favor– “tiene numerosas deficiencias”, apunta ProCiencia. Sin ahondar más en el tema, invitan a los senadores consultar los planteamientos que ha realizado la organización, que consultó a amplios sectores de la investigación científica del país.
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El siguiente punto, aborda el tema del financiamiento, que inicia con la crítica a la extinción de fideicomisos, lo cual “generó una profunda inestabilidad en el sector”. Al respecto, la directora de Conacyt ha dicho repetidamente que se pondría otro mecanismo de financiamiento junto con Hacienda, del cual hasta ahora no se conoce el estatus.
Además, alertan que la “forma tan desaseada como se procedió a la extinción de fideicomisos impide conocer el destino de más de 42 mil millones de pesos. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho una serie de observaciones relativas al actual uso irregular, por parte de Conacyt, de los recursos de al menos uno de estos fideicomisos”.
Entre estas irregularidades, señalan que existe evidencia oficial, en la cuenta pública, de la mala administración de los recursos del ramo 38. “En particular, del sobregiro de más de mil 500 millones de pesos correspondientes al SNI. Resulta igualmente preocupante el subejercicio de dos mil millones de pesos asignados al programa de becas de posgrado del Conacyt”.
El cambio al que se procedió tras la extinción de los fideicomisos ha derivado en un único programa presupuestario destinado al financiamiento de la investigación científica: el llamado Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), “que presenta ya un sobregiro de 700 millones de pesos”. Además, “vemos con preocupación que una parte significativa de los recursos de PRONACES han sido asignados directamente mediante la modalidad de Proyectos por encargo de Estado, lo que genera fuertes inequidades entre disciplinas, instituciones y entidades federativas”.
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REGLAMENTO DEL SNI.
Sobre la modificación a estatutos, reglamentos y criterios de evaluación del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ProCiencia expone que, adelantándose a la posible promulgación de una nueva Ley, y en contraposición con la ley vigente, la administración de Álvarez-Buylla “ha hecho reformas a los reglamentos que rigen tanto el funcionamiento interno del Conacyt como su relación con la comunidad científica. Con esto se han modificado de manera ilegal las formas de participación, criterios de evaluación y prioridades para la asignación de recursos”.
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El desconocimiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., reglamentos violatorios, autoritarismo en la reforma de estatutos, y la arbitrariedad con la que se aceptó el nombramiento del fiscal Alejandro Gertz como SNI III y un raudal de amparos por la inconstitucionalidad de aplicar criterios retroactivos, son algunos de los elementos que acompañan el cisma en el SNI, los cuales han sido documentados por Crónica.
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PREGUNTAS QUE DEBEN SER CONTESTADAS:
¿Dónde están los recursos para financiar las actividades de ciencia, tecnología e innovación que antes estaban alojados en los fideicomisos creados para estos fines, y por qué se ha hecho caso omiso de las observaciones de la ASP que evidencian graves irregularidades en la administración financiera del Conacyt?
¿Por qué la dirección del Conacyt opera con tanta frecuencia en contra de los reglamentos que ella misma establece, de manera opaca y la mayoría de las veces a espaldas de la comunidad que dice representar y defender?
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¿Por qué se han modificado los criterios de evaluación en el SNI, se han designado comisiones dictaminadoras y comisiones evaluadoras ad hoc al margen de la legalidad y se han financiado proyectos sin la aprobación de la comunidad científica?