Los vacíos siempre se llenan, dice la Ley de Pascal. Y no sólo es en física, sino también en política.
Ante el vacío de resultados oficiales en las investigaciones del caso Tláhuac, los medios de comunicación han llenado esos espacios.
De manera notable Joaquín López Dóriga pone de un lado al almirante Figueroa y del otro a Gabriel Regino.
Luego de verlos y oírlos a ambos, el televidente que saque sus conclusiones.
Lo que debería ocurrir en tribunales, con consignaciones y cargos fundamentados, ocurre en la pantalla de televisión.
Y nadie puede decir en este caso que Televisa está usurpando el papel del Ministerio Público.
Simplemente hay un vacío de información y de consecuencias jurídicas de un hecho gravísimo que indignó a la nación por su crueldad y por su injusticia.
El vacío lo llenó López Dóriga. Bien por él.
Los dimes y diretes, las filtraciones y las versiones interesadas en torno al caso Tláhuac, por falta de resultados a un mes de los sucesos, están desviando la atención fuera del conflicto de fondo, que fue sencillamente lo que todos vimos por televisión: el linchamiento de tres agentes de la Federal Preventiva y el asesinato de dos de ellos que culminó con su incineración en plena calle.
Y ahora resulta que el jefe operativo de la policía capitalina, Gabriel Regino, impidió la participación de sus elementos para evitar el linchamiento escudándose en un acuerdo firmado por México con la ONU.
Como si algún tratado internacional estableciera que, ante situaciones graves, la policía sólo se quede mirando cómo matan personas mientras intentan dialogar con la turba.
Por eso sorprende el protagonismo de Regino, que recorre medios de comunicación para engancharse en un pleito con el ex comisionado de la PFP, el almirante Figueroa.
Estos dos personajes discuten quién llamó por teléfono primero a quién, y a qué hora entró una llamada y qué le dijo uno al otro sobre un boletín de prensa que iban a sacar para explicar la situación.
Sin embargo no es lo importante saber a qué hora se hablaron por teléfono, sino por qué no salvaron a los federales preventivos linchados en Tláhuac.
Por qué no acudieron en su auxilio.
Por qué no usaron sus helicópteros.
Por qué no usaron sus bombas de humo.
Por qué no usaron al personal especializado que tienen para el rescate de personas en situaciones difíciles.
Esas son las preguntas que tienen que responder, y no las de llamadas telefónicas que se hicieron a una hora u otra.
En medio de esta guerra de declaraciones y del vacío de resultados, hay dos cadáveres, dos crímenes que pudieron evitarse por policías que no actuaron porque sus jefes les instruyeron no actuar.
Y ahí hay responsabilidades que no se pueden ocultar con cortinas de humo como ésta del pleito televisado entre Gabriel Regino y el almirante Figueroa.
Por otra parte, el jefe de Gobierno del Distrito Federal contribuye deliberadamente a ocultar el asunto principal, al decir que lo importante es saber qué hacían en Tláhuac los tres agentes de la Federal Preventiva.
¿Y qué con eso?
¿A poco estaría justificado el linchamiento y la pasividad de la policía si los agentes investigaban al EPR, los secuestros o el narcomenudeo?
El jefe de Gobierno acusa que en el centro de este problema está el CISEN, que es lo que hay que esclarecer y denunciar.
¿Y qué tiene que ver el CISEN con que los policías de López Obrador no hayan movido un dedo mientras quemaban vivos a los federales preventivos?
El centro del problema no es el CISEN, sino el linchamiento de los agentes, su asesinato y su incineración ante la vista de los policías que debieron haberlo impedido.
El centro del problema es la reticencia a aplicar la ley por parte de los encargados de aplicarla. Les conviene más politizarlo todo porque no trabajan para la sociedad sino para ellos mismos y para sus aspiraciones políticas.
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