La mañana de este martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer la resolución en la que se vincula a proceso a personas físicas y a empresas presuntamente responsables del homicidio culposo de los dos fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Gil en el Axe Ceremonia 2025.
Esta resolución se da 18 meses después de la muerte de los fotoperiodistas. De acuerdo a la Fiscalía, la acusación se sustenta en el presunto incumplimiento del programa de protección civil del Axe Ceremonia.
A los presuntos acusados se les señala por haber omitido la revisión de protocolos de seguridad, así como por la falta de supervisión de la instalación de estructuras decorativas sobre una grúa, la cual no estaba contemplada en el programa.
¿A cuántas personas y empresas han vinculado a proceso en el caso Axe Ceremonia?
Después de una audiencia de aproximadamente 12 horas, se dio a conocer este martes que un juez ha decidido vincular a proceso a ocho personas físicas y a tres empresas por su presunta responsabilidad en el homicidio culposo de los dos fotoperiodistas, quienes fallecieron en el festival Axe Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario.
Con esta vinculación, suman 11 personas a las que se les ha abierto un proceso penal por la muerte de los fotoperiodistas. Entre las personas imputadas se encuentra María “N”, quien fue vinculada a proceso la semana pasada, por ser la encargada de Protección Civil.
Mientras que se desconoce la identidad de las otras 10 personas. Por otro lado, las personas morales que fueron vinculadas son dos empresas que forman parte del Grupo ECO y la tercera es quien administraba el Parque Bicentenario, conocida como Operadora Eclectic.
¿Qué sigue en el proceso del caso Axe Ceremonia?
A su vez, el juez ha dado un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía continuará con las indagatorias correspondientes para aportar más pruebas al caso.
También cabe aclarar que anteriormente la familia de Berenice Giles había llegado a un acuerdo con las empresas involucradas para no continuar con el proceso penal.