Desde los tiempos de Santiago Nieto, la Unidad de Investigación Financiera puso sobrenombres a sus carpetas de investigación que referían a los estados donde se desarrollaban. Por ejemplo, el caso Primavera, aún activo, involucra a Cuauhtémoc Blanco y a su círculo cercano. Un caso algo olvidado fue el que se desarrolla en Hidalgo, en torno al desvío de recursos públicos en los que presuntamente se involucra al empresario Juan Carlos Martínez Domínguez.
Ahora el caso fue retomado por la oficina de Pablo Gómez y se apunta hacia el empresario que estuvo muy activo en licitaciones públicas durante el mandato de Omar Fayad. En particular destacaron las asignaciones directas para su empresa Celular Milenium, S. A. de C. V.
Las autoridades locales, morenistas emanadas de las últimas elecciones, determinarán en próximos días si se le fincan responsabilidades, puesto que ya también están al tanto de los casos pendientes.
Para la administración federal y la estatal, el caso reviste importancia y desean aclarar el caso pues las empresas señaladas comenzaron a involucrarse en licitaciones de la actual administración.
La fiscal Especializada en Delitos de Corrupción, Alicia Medina Castelazo, estimó que en dos o tres semanas se dará a conocer un balance de qué capetas se seguirán trabajando y cuáles se irán a reserva.
El empresario ya era investigado desde 2017; sin embargo, en 2021, cuando Santiago Nieto se desempeñaba como titular de la UIF, se reactivó la investigación de recursos por más de 500 millones de pesos.
Santiago Nieto encargado ahora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, sabe bien de la investigación (a la que sus allegados nombran como parte de “Estafas Siniestras”) y que involucraría incluso a alcaldes.
Cabe recordar que en la investigación inicial de la UIF, la empresa de Juan Carlos Martínez obtuvo recursos del extinto Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para un proyecto de adquirir tabletas electrónicas para potenciar la actividad económica de micro y pequeñas empresas, cuando el empresario formó parte de la CONCANACO.
De acuerdo a información preliminar, la empresa Martínez Domínguez vendió a sobreprecio 15 mil tabletas electrónicas en un monto total de 87 millones de pesos; sin embargo, la investigación reveló que el costo real de dichas tabletas de origen chino debió ser de 35 millones 955 mil pesos. El sobre asciende a 51 millones de pesos en prejuicio del erario público.
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