El anuncio realizado por el gobernador Pablo Lemus Navarro marca un punto de inflexión en medio del complejo escenario que enfrentan los productores de maíz en todo el país. Mientras el Gobierno federal intenta contener la inconformidad del sector con un acuerdo que los agricultores aceptaron bajo protesta, en Jalisco se ha dado un paso más allá: un apoyo económico directo y tangible, financiado con recursos estatales, para respaldar al campo y evitar que la crisis derive en nuevos bloqueos carreteros.
Lemus informó que el Gobierno de Jalisco destinará una bolsa de aproximadamente 180 millones de pesos, equivalente a 150 pesos por tonelada de maíz, como parte de un esquema de respaldo directo al sector agrícola. Esta medida, acordada en coordinación con la Federación, busca atender de forma inmediata las demandas de los productores y, al mismo tiempo, estabilizar la comercialización del grano en uno de los estados con mayor peso agrícola del país.
La acción estatal complementa el acuerdo anunciado por la presidenta la mañana de este miércoles, Claudia Sheinbaum Pardo, quien estableció un apoyo de 950 pesos por tonelada a nivel nacional como parte del esfuerzo conjunto para atender la demanda de los productores. Aunque el programa federal representa un paso importante hacia la atención del campo, muchos agricultores consideran que aún se requiere avanzar para alcanzar el precio mínimo de garantía de 7 200 pesos por tonelada, que refleje con mayor justicia los costos reales de producción. En ese sentido, el pacto nacional ofrece un respiro necesario, pero también abre la puerta a un diálogo más amplio sobre soluciones de fondo.
En ese contexto, la decisión del gobernador Lemus cobra una dimensión política y social relevante: demuestra sensibilidad y voluntad de acción, algo que los campesinos reclaman con urgencia. No se trata de una dádiva, sino de una respuesta concreta ante la parálisis de los mecanismos tradicionales de apoyo al campo.
Mientras en otros estados el descontento continúa y los productores mantienen el temor de nuevos bloqueos, Jalisco busca evitar la confrontación mediante diálogo y respaldo real. El mensaje es claro: el campo no puede esperar. Lemus, lejos de la retórica burocrática, decidió inyectar recursos propios para sostener la producción agrícola y enviar una señal de confianza a los trabajadores del maíz, quienes enfrentan una de las peores crisis de rentabilidad de los últimos años.
El problema de fondo sigue siendo estructural. Los costos de producción se han disparado por el alza en fertilizantes, transporte y energía, mientras los intermediarios y acaparadores —los célebres coyotes que durante décadas se han enriquecido a costa del productor— continúan manipulando precios y márgenes. El apoyo federal, complementado con la aportación estatal, aliviará momentáneamente el golpe, pero no erradica el verdadero cáncer del sistema: la cadena de comercialización controlada por los intermediarios.
El gobernador Lemus ha insistido en la necesidad de establecer mecanismos de comercialización más justos, donde el productor venda de manera directa y reciba el valor real de su esfuerzo. Su apuesta por un respaldo financiero inmediato, aunque modesto frente a las dimensiones del problema, marca el inicio de un camino diferente: el de la corresponsabilidad entre Federación y Estado, donde la defensa del campo deje de ser discurso y se traduzca en hechos.
En Jalisco, la decisión de aportar recursos propios también es un mensaje de liderazgo: el campo no puede seguir dependiendo exclusivamente de los tiempos y decisiones del Gobierno central. Las regiones productoras, especialmente la Ciénega, los Altos, el Sur y los Valles, necesitan apoyo inmediato para sostener la producción y mantener miles de empleos rurales.
El esquema anunciado por Lemus no resuelve todos los males, pero demuestra algo esencial: que el problema del maíz no se resolverá con paliativos ni promesas, sino con un compromiso sostenido y multigubernamental. Y sobre todo, con la determinación de romper el poder de los intermediarios que exprimen al campesino y encarecen el alimento del pueblo.
El apoyo jalisciense de 180 millones de pesos se convierte así en una señal de rumbo: cuando los gobiernos locales asumen su responsabilidad, el campo encuentra esperanza. Porque más allá de los montos y las cifras, lo que está en juego es la confianza del productor, la supervivencia de la milpa y la dignidad del trabajo agrícola.
Hoy, Jalisco muestra que hay otra manera de enfrentar la crisis: con acción, coordinación y sensibilidad social. La Federación deberá tomar nota. Si el ejemplo se replica y se fortalece con vigilancia y transparencia, el apoyo directo al productor podría convertirse en la semilla de una nueva política agroalimentaria nacional.
Pero si los recursos se diluyen entre intermediarios y burocracias, la inconformidad volverá a los caminos, y con ella el ruido de los tractores en protesta. Porque los campesinos, aunque acepten acuerdos bajo protesta, no renuncian a su derecho de exigir justicia.
Pablo Lemus ha dado un paso al frente. Falta que el resto del país —y especialmente el Gobierno federal— lo siga con la misma convicción. Porque sin campo no hay nación, y sin productores dignificados, no hay futuro posible para México.