El gobierno de Jalisco debe acatar una petición que data de hace ocho años para crear la Fiscalía Especializada contra la Tortura.
Desde 2017 se generó a escala federal la obligación de crear Fiscalías Especializadas para la Investigación del Delito de Tortura, derivada de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, en Jalisco esta obligación sigue sin cumplirse.
Este martes el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), por medio de las representantes Denise Montiel y Frida Hernández y las diputadas Tonantzin Cárdenas, Mariana Casillas, Itzul Barrera y Valeria Ávila, así como los legisladores Tonatiuh Bravo y Enrique Velázquez, señalaron que los avances en la materia han sido producto de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de enero de 2024, y no de la voluntad política del Estado.
El Congreso de Jalisco aprobó el 29 de mayo de 2025 la reforma constitucional que crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, su materialización se ha visto obstaculizada por retrasos administrativos y deficiencias en el dictamen, corregidas apenas el pasado 31 de octubre.
Las representantes del CEPAD señalaron que la falta de avances en la consolidación de la Fiscalía Antitortura constituye un “incumplimiento del estado” en materia de derechos humanos.
“La tortura sigue siendo una práctica persistente y generalizada en Jalisco. De acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, nuestro estado ocupa el tercer lugar nacional en número de denuncias. La tortura sigue estando institucionalizada como método de castigo, investigación, represión de la protesta social y fabricación de culpables, además de ser una práctica recurrente en centros de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios, lugares de reclutamiento forzado y hospitales psiquiátricos”, señaló la institución.
Pese a esta realidad, la impunidad es absoluta. La ausencia de una institución que investigue de manera independiente y eficaz este delito, perpetúa la impunidad que prevalece en el estado, señaló el CEPAD.
La actual Dirección de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura (DIPSDT), no ha desarrollado procesos de investigación exhaustivos y eficaces. Prueba de ello es que de las 1,621 carpetas de investigación aperturadas hasta el 31 de diciembre de 2024, sólo 2 habían sido judicializadas y el 49% se encontraba en archivo temporal, porcentaje que aumentó a 58% en septiembre de 2025, lo que significa que cada vez son menos los casos activamente investigados por este órgano de la Fiscalía Estatal y demuestra el estancamiento institucional.
A la fecha no existen recursos previstos específicamente para la creación y operación de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados en 2026. En ese contexto, el CEPAD reafirmó que una Fiscalía sin recursos suficientes, es una promesa vacía para las víctimas de tortura.
Desde el CEPAD, se hizo una exigencia al Congreso del Estado que en caso de no haberse enviado aún, la Dirección Jurídica del Congreso envíe a la brevedad el dictamen corregido al Ejecutivo para su publicación.
Además, piden que en el diseño del Presupuesto de Egresos 2026 se integre una partida presupuestal específica y suficiente para la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, considerando en el proceso la participación de la sociedad civil.
Una vez publicado el decreto mediante el cual se crea la Fiscalía Especializada, se inicie el proceso para reformar las leyes secundarias en la materia, contemplando en él la participación de la sociedad civil.
Al gobierno de Jalisco, le solicitan que una vez que el Congreso le remita el dictamen corregido, lo publique en el Periódico Oficial.