El caso de Javier Duarte en Veracruz continúa siendo una de las más dolorosas heridas de la historia reciente mexicana. No solo por la cifra descomunal —más de 62 mil millones de pesos desviados, según la Auditoría Superior de la Federación—, sino por lo que simboliza: el retrato de un modelo político que confundió el poder con la impunidad y la administración pública con el patrimonio personal.
Aquel desfalco monumental no solo afectó las finanzas del estado; desmanteló instituciones, rompió la confianza ciudadana y dejó un vacío moral que aún pesa sobre la vida pública veracruzana. Los recursos federales, destinados a salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales, fueron desviados de su propósito esencial: servir al pueblo.
Cada peso sustraído fue una oportunidad perdida. Un niño que no tuvo escuela digna, una comunidad que siguió sin agua potable, un hospital sin medicinas, un campo sin apoyo. Lo que debió ser desarrollo se convirtió en carencia; lo que debía ser bienestar se volvió desilusión.
Pero más allá de la indignación, el episodio deja enseñanzas que deben asumirse con madurez y responsabilidad. No se trata de revolver agravios ni de revivir culpables del pasado, sino de comprender qué falló para no repetir los mismos errores.
El saqueo de Veracruz fue posible por la combinación de varios factores: un aparato burocrático sometido al poder político, una débil cultura de rendición de cuentas, una ciudadanía desinformada y un sistema de vigilancia que, en aquel tiempo, carecía de dientes. Hoy, en cambio, existe un ambiente nacional mucho más propicio para la transparencia, y ahí radica la oportunidad de construir un futuro distinto.
Veracruz, que ha sabido levantarse de catástrofes naturales, enfrenta el reto de reconstruirse también desde su ética pública. Su recuperación no pasa solo por sanear las finanzas o castigar a los responsables, sino por recomponer el tejido social, restablecer la confianza y fortalecer los mecanismos de control ciudadano.
La lucha contra la corrupción no depende únicamente de los gobiernos, sino de todos. Las instituciones pueden y deben mejorar sus procesos, pero la verdadera transformación empieza en la conciencia social. Cada ciudadano tiene el derecho —y la obligación— de exigir claridad en el uso de los recursos, de preguntar, de vigilar y de participar. La vigilancia cívica es el mejor antídoto contra el abuso del poder.
El actual marco institucional ofrece condiciones más sólidas para prevenir que tragedias como la de Veracruz se repitan. Hoy existen mayores exigencias de transparencia, acceso a la información, auditorías más rigurosas y plataformas tecnológicas que permiten el seguimiento público de las obras y programas. Sin embargo, ninguna norma basta si no hay convicción ética detrás. La honestidad debe ser una práctica cotidiana, no una consigna.
También es necesario reconocer que el combate a la corrupción no es solo tarea de los órganos fiscalizadores, sino de todo el sistema educativo, judicial y político. Educar en valores, fortalecer la justicia y promover la cultura de la legalidad son acciones que dan sustento a un país más íntegro. Veracruz puede ser ejemplo de resiliencia si convierte su tragedia en una lección de responsabilidad colectiva.
Javier Duarte cumple una condena que difícilmente compensa el daño causado, pero su historia sirve como recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición supera al servicio público. No basta con señalar al culpable: es preciso revisar las condiciones que lo hicieron posible y asegurarse de que nunca más se repitan.
El caso Veracruz no debe quedar como una anécdota de corrupción, sino como punto de inflexión. Porque el futuro de México —y el de cada estado— depende de nuestra capacidad para aprender de los errores y consolidar instituciones más fuertes, más abiertas y más cercanas a la gente.
Veracruz merece un nuevo capítulo, uno donde el servicio público vuelva a ser sinónimo de entrega y no de saqueo; donde la honestidad sea regla y no excepción. Recordar lo ocurrido no es mirar atrás con rencor, sino avanzar con la certeza de que la justicia y la transparencia son la base de un porvenir más digno para todos.